La Asamblea aprueba fiscalización trolebuses este 23 de junio de 2026, con 83 votos a favor de ADN e independientes. El informe, impulsado por el asambleísta Xavier Ordóñez, señala supuestas irregularidades en la compra de 60 unidades eléctricas durante la administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. El documento será remitido a la Fiscalía, Contraloría, Cancillería y al Concejo Metropolitano. La compra, realizada con el apoyo de la UNOPS por USD 32,9 millones, habría generado un presunto perjuicio de un tercio del valor total. Por su parte, Revolución Ciudadana (RC) rechazó la fiscalización con 54 votos, argumentando que la Asamblea no tiene competencia para fiscalizar a los GAD y que la investigación busca debilitar la imagen de Muñoz, quien aspira a la reelección.
Detalles de la fiscalización aprobada
El informe aprobado por la Asamblea aprueba fiscalización trolebuses detalla que el Municipio de Quito contrató a la UNOPS bajo un régimen especial, aunque presuntamente no cumplía los requisitos. La entidad habría cobrado USD 2,7 millones por intermediación (8% del total), cuando su tarifa habitual es del 3% al 4%. Ordóñez señaló que el perjuicio para la ciudad sería de un tercio del valor de la adquisición. El documento será enviado a la Fiscalía para que investigue a los funcionarios municipales, y a la Contraloría para profundizar acciones de control.
Reacciones y posturas políticas
La Asamblea aprueba fiscalización trolebuses generó un fuerte debate político. Desde RC, la asambleísta Liliana Durán calificó la medida como una estrategia electoral para perjudicar a Pabel Muñoz, quien lidera las encuestas para la reelección en Quito. «No tengan miedo a las urnas, dejen que el pueblo se pronuncie», expresó. Por su parte, ADN defendió la capacidad de fiscalización de la Asamblea, pese a que la ley otorga esa potestad a los concejos cantonales. El informe también será remitido a la Cancillería para que la ONU evalúe el acuerdo con la UNOPS.
Implicaciones para la administración de Muñoz
La Asamblea aprueba fiscalización trolebuses ocurre en un contexto electoral clave. Pabel Muñoz busca la reelección en las seccionales de noviembre de 2026, y el informe podría afectar su imagen. El Concejo Metropolitano deberá pedir explicaciones al alcalde y al gerente de la Empresa Pública de Transporte. Además, se recomienda reformar la normativa para evitar futuras irregularidades en contrataciones con organismos internacionales. El correísmo insiste en que la investigación responde a intereses políticos del oficialismo.
Conclusión: una fiscalización con trasfondo electoral
La Asamblea aprueba fiscalización trolebuses en medio de tensiones políticas y electorales. Mientras ADN defiende la transparencia, RC denuncia un uso partidista de la fiscalización. El informe, que será revisado por múltiples entidades, podría derivar en sanciones o reformas legales. La decisión final estará en manos de la Justicia y la Contraloría, pero el debate sobre las competencias de la Asamblea y el rol de los GAD queda abierto.
Fuente:
