Suspensión temporal y análisis judicial
Los artículos polémicos de la Ley de Inteligencia permanecen suspendidos provisionalmente por decisión de la Corte Constitucional (CC). De los 58 artículos de esta normativa, 12 siguen en revisión, junto con nueve del Reglamento y una disposición general. Desde el 3 de septiembre de 2025, los jueces deliberan sobre 35 demandas de inconstitucionalidad presentadas por gremios y organizaciones sociales. Hasta hoy, solo la Ley de Inteligencia continúa sin resolución definitiva.
La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025. Sin embargo, desde el 4 de agosto se mantiene con medidas cautelares dictadas por los jueces. A diferencia de las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, declaradas inconstitucionales el 27 de septiembre, los artículos polémicos de la Ley de Inteligencia siguen pendientes de decisión.
Opinión de juristas y sociedad civil
Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, recordó que los jueces han tenido tiempo suficiente para resolver el caso. En la audiencia del 1 de septiembre participaron representantes de la Asamblea y de los demandantes. Guzmán pidió a la Corte pronunciarse pronto, pues el retraso afecta derechos como la reserva de datos personales y el secreto profesional. Según él, los artículos polémicos de la Ley de Inteligencia pueden convertir a cualquier ciudadano en sospechoso y debilitar las garantías constitucionales.
El abogado advirtió que esta normativa vulnera la privacidad y la libertad individual. Además, en contextos de protesta social, podría justificar la vigilancia y la criminalización de los manifestantes.
Contenido y alcance de los artículos suspendidos
Los artículos polémicos de la Ley de Inteligencia obligan a las instituciones públicas y a las operadoras telefónicas a entregar información al Centro Nacional de Inteligencia. También permiten la interceptación de comunicaciones, la clasificación de datos secretos y la creación de fondos especiales sin autorización judicial. Estas medidas, según expertos, representan un riesgo directo para los derechos ciudadanos.
Demandas pendientes en la Corte Constitucional
La Corte aún analiza otras leyes cuestionadas. La Ley de Áreas Protegidas tiene cuatro demandas. La Ley de Transparencia Social, seis. Lo mismo ocurre con la Ley de Fortalecimiento Crediticio. Aun así, el debate más sensible sigue siendo el de los artículos polémicos de la Ley de Inteligencia, cuya resolución marcará un precedente legal en Ecuador.
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Fuente:
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