La minería ilegal en Río Blanco representa uno de los puntos críticos más peligrosos del Ecuador. Mientras el Gobierno bombardea zonas tomadas en Imbabura, el proyecto minero de oro y plata en Azuay permanece bajo control del grupo delictivo Los Lobos desde hace casi siete años, sin posibilidad de acceso para las autoridades.
Las Autoridades Reconocen Pérdida Total del Control
El viceministro de Minas, Javier Subía, reconoció en junio de 2025 que la minería ilegal en Río Blanco alcanzó niveles donde ni la Policía puede ingresar. Según su declaración, los vehículos policiales son incendiados cuando intentan operativos en la zona. Además, la ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó en septiembre que organizaciones delictivas operan libremente en el proyecto. Fuentes revelaron a PRIMICIAS que Los Lobos controla actualmente este enclave minero.
Río Blanco: Un Proyecto Millonario Abandonado
Ubicado en Molleturo, Azuay, Río Blanco contenía 4,3 millones de onzas de plata y 600.000 onzas de oro cuando fue inaugurado en agosto de 2016. El proyecto, conformado por las concesiones Canoas, San Luis A2 y Miguir, pertenecía a Ecuagoldmining, subsidiaria de la firma china Junefield. Durante el Gobierno de Rafael Correa, el proyecto recibió licencias y comenzó operaciones formales.
Sin embargo, en 2018, una acción de protección presentada por grupos antimineros paralizó las actividades. El juez de Cuenca argumentó falta de consulta previa, obligando a Junefield a abandonar instalaciones ya construidas, incluido el túnel de extracción. Posteriormente, la minería ilegal tomó control absoluto en Río Blanco del yacimiento, reflejando el auge de actividades no reguladas en la zona.
El Arbitraje Internacional Avanza Contra Ecuador
Junefield demandó a Ecuador en octubre de 2022 ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) por USD 480 millones mínimo. En junio de 2025, el tribunal emitió un laudo parcial declarándose competente para examinar la alegación de expropiación indirecta, explica Álvaro Galindo, árbitro internacional y profesor de Georgetown University.
La siguiente fase abordará la responsabilidad estatal. Las partes presentarán escritos, testimonios y evidencias para determinar si Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversión Ecuador-China. Finalmente, el tribunal decidirá si corresponde indemnización. No obstante, el tribunal rechazó jurisdicción sobre reclamaciones de trato justo y protección plena, reduciendo el riesgo para el Estado. Así, la situación en torno a los conflictos mineros en Río Blanco sigue siendo un desafío para el país.
¿Qué Queda del Potencial Minero?
El proyecto tenía vida útil hasta 2028, con exportaciones proyectadas de USD 636 millones. El Estado esperaba recaudar USD 191 millones por regalías e impuestos. Rebeca Illescas, exviceministra de Minas, indica que probablemente los ilegales necesiten más tiempo para extraer el material que una operación industrial. Sin embargo, el reloj corre y quedan apenas tres años teóricos de reservas.
Illescas confirma que operativos de la Arcom y Policía retiran temporalmente a mineros ilegales, pero estos regresan constantemente, manteniendo el control de la zona y el continuo desafío relacionado con la minería ilegal que afecta a Río Blanco. Las familias cercanas abandonaron la zona por la peligrosidad. El Gobierno de Daniel Noboa califica el proyecto como «prácticamente perdido». Además, otros yacimientos de mediana escala como La Plata y Curipamba-El Domo enfrentan presiones similares de grupos antimineros y delincuenciales.
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