La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el denominado caso Goleada generó reacciones inmediatas en el ámbito político nacional. Desde el oficialismo, el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Guschmer, aseguró que el proceso no responde a una persecución política, sino a una investigación que debe seguir su curso en la Fiscalía.
Pronunciamiento del oficialismo
El pronunciamiento del bloque oficialista se produjo luego de que se confirmara la presencia de Aquiles Álvarez en Quito para la audiencia de formulación de cargos. Andrés Guschmer, acompañado por otros legisladores de ADN, sostuvo que no se trata de un “proceso político”, pese a que el alcalde ha mantenido una postura opositora al Gobierno de Daniel Noboa.
“No estamos aquí para capitalizar políticamente”, afirmó el legislador, al recalcar que corresponde a la Fiscalía llevar adelante la investigación con autonomía.
El hallazgo de dinero en efectivo
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la presunta incautación de grandes cantidades de dinero en efectivo durante los allanamientos. Según Guschmer, será la Fiscalía la que determine si es normal mantener “cientos de miles de dólares en fundas” dentro de una vivienda.
El Ministerio Público informó que, además de dinero, se decomisaron teléfonos celulares, computadoras y documentos que guardarían relación con la investigación. Sin embargo, no se ha detallado públicamente el monto exacto incautado.
El caso Goleada y las acusaciones
La Fiscalía ejecutó varios allanamientos el 10 de febrero de 2026 para detener a 11 personas, entre ellas Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier. Los investigados enfrentan cargos por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en una indagación denominada caso Goleada.
Entre los aprehendidos también figuran personas vinculadas previamente al caso Triple A, relacionado con la supuesta comercialización ilegal de combustibles.
Contexto institucional y judicial
Las detenciones se produjeron en un momento clave dentro del ámbito judicial. Ocurrieron poco después de que el Consejo de la Judicatura designara a Damián Larco como reemplazo de Mario Godoy. Asimismo, las órdenes se ejecutaron tras la negativa de un recurso dentro del caso Triple A, que había impedido la instalación de la audiencia de juicio contra Álvarez y otras 21 personas naturales y jurídicas.
Mientras el bloque ADN emitía su postura pública, el alcalde y los demás sospechosos asistían a la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Anticorrupción, en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Fuente: Expreso
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