El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue declarado responsable como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos dentro del caso Triple A. El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado emitió su resolución este sábado 29 de agosto de 2026.
La sentencia establece una pena de seis años y ocho meses de prisión para Álvarez, luego de que el Tribunal considerara que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad penal.
¿Por qué fue condenado Aquiles Álvarez?
Durante la lectura de la resolución, el juez ponente Jorge Sánchez explicó los argumentos considerados por el Tribunal. Según la decisión, Álvarez intervino en las operaciones investigadas debido a su condición de representante legal, presidente y accionista mayoritario de las compañías Copedesa, Corpalubri y Ternape.
La Fiscalía presentó documentos y testimonios de funcionarios de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas (SRI). Estas pruebas fueron valoradas por los jueces para establecer el nivel de control que Álvarez mantenía sobre las empresas relacionadas con el proceso.
El Tribunal también sostuvo que los hermanos Álvarez revisaban informes de rentabilidad y conocían las operaciones relacionadas con el denominado “cambiazo” de combustibles.
¿Qué es el caso Triple A?
La investigación se relaciona con un supuesto esquema de comercialización de combustibles subsidiados en segmentos distintos a los autorizados. Según la tesis de la Fiscalía, estas operaciones se habrían desarrollado entre 2020 y 2024.
El proceso penal se tramita con base en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Durante la audiencia, el Tribunal señaló que recursos provenientes de las operaciones investigadas llegaron a cuentas personales de Álvarez. Este elemento fue considerado dentro de la valoración de las pruebas sobre un posible beneficio económico.
Otros sentenciados en el caso Triple A
Además de Aquiles Álvarez, el Tribunal declaró responsables a otros procesados.
Raúl Z., Juan A., Edgar F. y Edgar C. recibieron una pena de seis años y ocho meses de prisión como autores directos del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
Por otra parte, Lady C., Jessenia V., Carolina T. y José C. fueron declarados culpables en calidad de cómplices y recibieron una pena de dos años y dos meses de prisión.
El Tribunal también declaró culpables a seis personas jurídicas y dispuso su clausura y disolución.
Perjuicio al Estado superaría los USD 61 millones
Uno de los principales componentes económicos del caso Triple A es el supuesto perjuicio causado al Estado. La Fiscalía calculó una afectación aproximada de USD 61,5 millones, relacionada con 22,8 millones de galones de diésel y gasolina.
Entre las irregularidades analizadas durante el proceso constan diferencias entre los combustibles despachados y facturados, ventas que habrían superado la capacidad de almacenamiento de determinados establecimientos y operaciones con clientes que no estaban autorizados para recibir combustible subsidiado.
La sentencia marca una nueva etapa del proceso judicial, aunque todavía quedan por completar las decisiones correspondientes a los demás involucrados y las medidas derivadas de la resolución.
Preguntas frecuentes sobre el caso Triple A
¿Cuántos años de prisión recibió Aquiles Álvarez?
Aquiles Álvarez fue condenado a seis años y ocho meses de prisión como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
¿Qué empresas fueron relacionadas con Aquiles Álvarez?
Durante la lectura de la sentencia, el Tribunal mencionó a Copedesa, Corpalubri y Ternape, empresas en las que Álvarez tenía participación y cargos de representación.
¿Cuál es el supuesto perjuicio al Estado?
La Fiscalía calculó inicialmente un perjuicio de aproximadamente USD 61,5 millones, relacionado con la comercialización investigada de combustibles subsidiados.
¿Qué sigue después de la sentencia?
El proceso continúa con las decisiones y medidas correspondientes a los demás procesados. También pueden existir etapas posteriores dentro del proceso judicial, de acuerdo con las acciones que adopten las partes.
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