El fortalecimiento de los mecanismos jurídicos para enfrentar al crimen organizado experimenta un avance decisivo durante este ejercicio de 2026. Tras su aprobación legislativa en la Asamblea Nacional y su reciente promulgación en el Registro Oficial, entró en vigor la normativa que institucionaliza el trabajo conjunto de las fuerzas del orden. En este escenario, el apoyo complementario de militares dota al Estado de un instrumento permanente para respaldar el control del orden público.
La normativa responde al mandato popular derivado de la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, respaldada por la ciudadanía en referéndum. De este modo, las Fuerzas Armadas podrán intervenir en tareas subsidiarias para combatir redes delictivas complejas y sofocar situaciones de crisis penitenciaria grave.
Procedimiento regulatorio y el apoyo complementario de militares
La ley establece que la asistencia militar será estrictamente excepcional, temporal, motivada y sujeta al control institucional. Por lo tanto, activar el apoyo complementario de militares para respaldar la coordinación con la Policía Nacional exige agotar las siguientes etapas formales:
- Solicitud institucional motivada: El comandante general de la Policía debe elevar un requerimiento formal ante el ministerio correspondiente justificando la necesidad operativa del contingente.
- Informes técnicos y estratégicos: Se requiere un informe de factibilidad técnico-militar y el pronunciamiento favorable del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
- Decreto ejecutivo presidencial: El presidente de la República formalizará la orden de movilización mediante decreto oficial por un plazo máximo de 180 días, prorrogable por 30 días adicionales.
- Actuación en centros carcelarios: En episodios de conmoción interna dentro de los recintos de privación de libertad, se incluirá un diagnóstico del organismo técnico del SNAI.
Un nuevo marco legal de seguridad interna sin medidas excepcionales
Uno de los principales beneficios señalados por autoridades ministeriales radica en evitar los estados de excepción recurrentes para tareas de vigilancia táctica. Como destacó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el personal de las fuerzas especiales cuenta con formación en protocolos de aprehensión y derechos humanos para actuar en entornos urbanos.
Por consiguiente, consolidar este marco legal de seguridad interna permite desplegar logística avanzada, personal de inteligencia antidelictiva y patrullajes preventivos con pleno respaldo jurídico.
Asimismo, analistas de seguridad advierten que el reto principal consistirá en preservar la agilidad administrativa de los trámites y articular un mando unificado en el Bloque de Seguridad, garantizando que el uso de la fuerza letal respete estrictamente los estándares internacionales vigentes.
Conclusiones sobre la cooperación militar en el orden público
La articulación formal de las capacidades de defensa en el ámbito interno busca elevar la percepción de seguridad ciudadana y asfixiar las economías ilícitas de las mafias. En efecto, regular el apoyo complementario de militares proporciona estabilidad a la acción estatal, garantizando el equilibrio entre la firmeza táctica y el respeto irrestricto a los preceptos constitucionales.
En conclusión, el apoyo complementario de militares refuerza la coordinación con la Policía Nacional, asentando un sólido marco legal de seguridad interna para no depender de los estados de excepción recurrentes.
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Fuente: eluniverso
