Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno, ofreció una rueda de prensa este lunes 16 de junio de 2025, en la que realizó tres anuncios clave sobre la gestión del presidente Daniel Noboa. Las declaraciones abordaron tres ejes fundamentales: los apagones, el control a empresas por evasión fiscal y la prevención de la corrupción en instituciones públicas. Estos temas reflejan las principales prioridades del Ejecutivo para enfrentar desafíos energéticos, económicos y éticos del país.
Energía eléctrica garantizada a corto, mediano y largo plazo
El primer anuncio destacó que no habrá apagones en Ecuador, gracias a un conjunto de acciones estratégicas que modernizan el Sistema Nacional de Transmisión. Según Carolina Jaramillo, la recuperación de 696,7 megavatios, el rescate de 204 MW y el alquiler de otros 300 MW permiten asegurar el servicio. Además, en lo que resta del 2025 se incorporarán 979,5 MW y para 2026 y 2027 se añadirán 403 MW y 600 MW, respectivamente.
Entre las prioridades energéticas figura el proyecto Cardenillo, que se realizará con inversión privada. A este se suman 67 iniciativas privadas adicionales para generación de energía renovable. Según la portavoz, se está consolidando una visión estructural y sostenible.
Control tributario a utilidades empresariales
El segundo anuncio del Gobierno fue la implementación de un control masivo sobre las utilidades generadas por la compraventa de acciones. Esta medida será ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y se enfocará en combatir posibles fraudes fiscales.
Hasta junio de 2025, cerca de 300 contribuyentes declararon voluntariamente, reportando un promedio de 30 millones de dólares anuales. Sin embargo, el Gobierno ha identificado alrededor de 6 000 contribuyentes que no han cumplido esta obligación. Esta medida busca transparentar los ingresos reales en transacciones empresariales relevantes.
Responsables de cumplimiento para prevenir la corrupción
El tercer eje del anuncio oficial se centró en la implementación de los Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) en las entidades del Estado. Esta estrategia, que inició el 2 de junio en la Secretaría de Integridad Pública, ya se aplica en 35 instituciones priorizadas. Su objetivo es detectar riesgos de corrupción y prevenir irregularidades en los procesos administrativos.
La medida se enmarca dentro de la Política Nacional de Integridad Pública, que busca institucionalizar la transparencia y consolidar una cultura de cumplimiento normativo. Según Jaramillo, cada institución contará con un funcionario capacitado que alertará sobre posibles riesgos ante la Secretaría de Integridad Pública.
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