Un pronunciamiento que resuena en el sur del país
La Alianza Nacional por la Salud (ANS), espacio que agrupa a 38 organizaciones de pacientes de todo el Ecuador, expuso públicamente su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa la red pública de salud. En un acto desarrollado en la ciudad de Cuenca, el 5 de agosto de 2026, sus directivos exigieron al Gobierno Nacional adoptar medidas de fondo y no meras acciones temporales, para resolver las múltiples deficiencias que hoy comprometen la atención y la vida de miles de personas. Bajo la consigna “Por el Derecho a la Salud”, la organización impulsa la construcción de un acuerdo nacional que permita reencauzar el sistema sanitario con continuidad, técnica y humanidad.
En consecuencia, los representantes de la Alianza Nacional por la Salud alertaron sobre problemas estructurales que se repiten año tras año. Entre ellos destacan la insuficiencia crónica de financiamiento, el desabastecimiento recurrente de medicamentos, los retrasos en los pagos a prestadores y la creciente dificultad para garantizar atención continua a personas con enfermedades crónicas, raras y catastróficas. Si bien las falencias están plenamente identificadas, las soluciones integrales no terminan de llegar. Así lo manifestó Gustavo Dávila, presidente de la ANS, durante la rueda de prensa: “Todos saben que hay un diagnóstico, todos saben que hay necesidad, pero no hay soluciones completas de manera integral”.
Fin de las soluciones parche, continuidad en la política sanitaria
Por consiguiente, la Alianza Nacional por la Salud rechazó con firmeza las acciones parciales y las promesas que no se cumplen. “No más soluciones parche, no más promesas incumplidas, no más dilatación de decisiones cuando está en juego la vida de los pacientes y el bienestar de sus familias”, enfatizó Dávila. Asimismo, cuestionó que iniciativas valiosas como el Registro Único de Enfermedades Raras y los avances en materia de discapacidad orgánica se interrumpan cada vez que cambian las autoridades del sector. Por esta razón, insistió en que la política sanitaria debe sustentarse en criterios técnicos y humanitarios, y garantizar continuidad institucional, independientemente de quién ejerza la dirección del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Déficit presupuestario y desabastecimiento de medicamentos
De igual manera, Paulo Gárate, integrante de la ANS, explicó que la crisis no es ocasional, sino recurrente y estructural. Tiene su origen en la falta de recursos asignados, los pagos pendientes a prestadores privados y las deficiencias persistentes en el abastecimiento de medicamentos. Según el Plan Operativo Anual 2026 del MSP, se requieren 497,9 millones de dólares para la compra de medicamentos esenciales. Sin embargo, el presupuesto asignado alcanza apenas los 202,9 millones de dólares, lo que genera una brecha financiera cercana al 59 %.
Por lo tanto, la Alianza Nacional por la Salud señala que este enorme déficit demuestra la ausencia de una planificación sanitaria de largo plazo. En lugar de reemplazar las medidas reactivas por políticas preventivas, se sigue actuando con urgencia en lugar de previsión. “La hipertensión y la diabetes son, en la actualidad, enfermedades que agravan la condición de muchos pacientes, llevándolos a requerir tratamientos de diálisis”, advirtió Gárate. Es decir, la falta de inversión temprana eleva posteriormente los costos sociales y económicos del sistema.
Deuda con centros de diálisis y riesgo de suspensión de servicios
Además, la situación de los pacientes que requieren diálisis es especialmente delicada. Los centros privados que prestan este servicio al sistema público registran una deuda acumulada superior a los 150 millones de dólares. El año pasado, el Gobierno abonó 50 millones de dólares de los 200 millones que se adeudaban en ese entonces. En consecuencia, varios prestadores han manifestado su intención de suspender la atención si no se regularizan los pagos, lo que pondría en riesgo la vida de cientos de personas.
Leyes pendientes y necesidad de prevención
A su vez, la Alianza Nacional por la Salud se refirió al proyecto de Ley para la Atención Integral de la Diabetes, que se debate en la Asamblea Nacional. Plantea que el tratamiento de esta enfermedad y de otras patologías crónicas debe concebirse como política pública de prevención, y no solo como intervención tardía cuando la salud ya se ha deteriorado. Del mismo modo, Dávila expresó su esperanza de que el reglamento de la Ley de Cáncer se apruebe durante la primera semana de septiembre, para que su aplicación no se demore más.
Propuesta de acuerdo nacional y participación de la sociedad civil
Finalmente, la ANS propone la firma de un acuerdo nacional que reúna al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organizaciones de pacientes, gremios médicos, academia y otros sectores vinculados al sector. El objetivo es establecer compromisos claros, con responsables definidos, plazos precisos y mecanismos de seguimiento públicos. Entre sus pedidos principales figura transparentar por completo el abastecimiento de medicamentos: conocer qué se adquiere, para qué patologías, en qué cantidades y por cuánto tiempo estarán disponibles.
Por otra parte, la Alianza Nacional por la Salud puso a disposición del Estado la experiencia de especialistas en farmacología, derecho, medicina y ciencias afines que integran sus organizaciones. También solicitó información clara sobre los medicamentos adquiridos en la India: qué normativa cumplen, cuándo llegarán al país y bajo qué criterios se distribuirán. En síntesis, la sociedad civil pide ser escuchada y participar en mesas de trabajo técnicas, para que las decisiones en salud se tomen con prudencia, continuidad y en defensa del derecho universal a la salud.
Fuente: El Mercurio
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