El seguimiento judicial a los delitos contra la administración pública enfrenta nuevas controversias procesales durante este ejercicio de 2026. A través de una providencia emitida por el juez anticorrupción Renán Andrade, la justicia dispuso abrir una investigación penal contra la Oficina Central Nacional de Quito por no activar la alerta roja de Interpol requerida contra Gabriel Nain Massuh Villarruel.
Esta decisión se adoptó tras constatar que, pese a existir mandatos judiciales emitidos desde febrero de 2024, el sistema internacional nunca reflejó la orden de localización y captura.
Incumplimiento procesal y alerta roja de Interpol
El informe pericial de la Policía Judicial confirmó que la plataforma I-24/7 carece de registros vigentes contra el procesado por presunta delincuencia organizada. La omisión técnica en la alerta roja de Interpol motivó las siguientes determinaciones del magistrado:
- Plazo perentorio: Concesión de un término improrrogable de 72 horas para publicar la alerta roja de Interpol y remitir capturas de pantalla del sistema que acrediten su validez.
- Presunción de delito: Apertura de indagaciones bajo el artículo 282 del COIP por posible incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.
- Rol auxiliar: Notificación formal recordando que los organismos policiales no poseen atribuciones para calificar o retrasar mandatos de los tribunales.
- Historial de negligencia: Reincidencia en la falta de registro tras alertas previas notificadas formalmente en enero de 2025.
Diligencias y procesados del caso Encuentro
La falta de notificación internacional impidió concretar los trámites de extradición de Massuh tras su detención en territorio colombiano. Dentro del expediente que involucra a los procesados del caso Encuentro, la Fiscalía investiga una presunta red destinada a obtener beneficios económicos ilegales en empresas públicas.
Por consiguiente, el desacato de la alerta roja de Interpol compromete la celeridad procesal impulsada por la investigación de la Fiscalía General en causas de alto impacto estatal.
Asimismo, la resolución judicial fue remitida a las máximas autoridades de la Policía Nacional para garantizar la supervisión estricta del cumplimiento.
Conclusiones sobre la efectividad de las órdenes judiciales
La transparencia en los canales de cooperación policial internacional resulta indispensable para evitar la impunidad en delitos complejos. Ejecutar la alerta roja de Interpol conforme al mandato del juez anticorrupción restablece las garantías procesales que exige el juzgamiento de los procesados del caso Encuentro.
En conclusión, la vigencia de la alerta roja de Interpol respalda la investigación de la Fiscalía General para asegurar el juzgamiento de los implicados.
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Fuente: expreso
