Los partidos políticos ADN y PSC impulsan juicio político contra dos exministros del gobierno, intensificando la presión legislativa sobre funcionarios clave. Esta ofensiva parlamentaria busca responsabilizar a Juan Zapata y Fernando Santos Alvite por presuntas falencias en sus respectivas gestiones ministeriales.
Acusaciones Contra el Exministro Juan Zapata
El legislador Carlos Vera Mora del Partido Social Cristiano presentó formalmente la solicitud de juicio político contra Zapata el 25 de noviembre. Las acusaciones se centran en el manejo ineficiente de la crisis de violencia nacional y la falta de ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023.
Específicamente, ADN y PSC impulsan juicio político señalando que Zapata conocía las carencias críticas en el equipamiento policial para combatir la delincuencia, pero no implementó medidas correctivas efectivas. El descontento ciudadano se ha intensificado por la percepción de ineficiencia en el gasto público destinado a seguridad.
Fernando Santos Alvite Bajo Investigación Parlamentaria
La asambleísta Nicole Saca de Acción Democrática Nacional presentó una solicitud similar contra el exministro de Energía y Minas. Las acusaciones incluyen «ineptitud e inoperancia» por no anticipar la crisis energética que ha impactado significativamente a la población ecuatoriana.
Los constantes apagones provocados por el racionamiento eléctrico, consecuencia del estiaje, constituyen el fundamento principal de esta iniciativa legislativa. ADN y PSC impulsan juicio político argumentando que Santos Alvite debió prever y mitigar estos efectos adversos en el suministro energético nacional.
Controversias Adicionales y Presión Ciudadana
Zapata enfrenta complicaciones adicionales tras revelarse presuntos intentos de soborno relacionados con procesos de adquisición de chalecos antibalas. Esta denuncia, presentada ante la Fiscalía General del Estado, permanece en investigación con avances no divulgados públicamente.
La combinación de estos factores ha generado un ambiente de creciente presión sobre ambos funcionarios. ADN y PSC impulsan juicio político respaldados por el clamor ciudadano y el evidente descontento social respecto a la gestión gubernamental en áreas críticas como seguridad y energía.
Contexto Político y Expectativas Legislativas
Esta ofensiva parlamentaria refleja el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Los ciudadanos perciben una gran necesidad de recursos para equipar adecuadamente a la Policía Nacional, mientras observan deficiencias en la ejecución de políticas públicas fundamentales.
El desarrollo de estos procesos de juicio político será determinante para evaluar la responsabilidad de los funcionarios mencionados. ADN y PSC impulsan juicio político en un contexto donde la rendición de cuentas se convierte en una demanda prioritaria de la sociedad ecuatoriana ante la percepción de ineficacia gubernamental en sectores estratégicos.
