Organizaciones nacionales e internacionales alertan sobre amenazas a la privacidad, la libertad de expresión y los derechos humanos tras la aprobación de nuevas leyes de seguridad en Ecuador
El Gobierno de Ecuador, con el respaldo del presidente Daniel Noboa, ha impulsado la aprobación de dos leyes clave para enfrentar al crimen organizado: la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional. Estas normativas, que ya han sido publicadas en el Registro Oficial, han generado un amplio debate en el país. Este debate se concentra especialmente en su posible impacto en derechos constitucionales como la privacidad y la libertad de expresión.
Acceso a comunicaciones privadas sin orden judicial
Uno de los puntos más controversiales de la Ley de Inteligencia es que permite a los agentes encubiertos acceder a comunicaciones privadas sin requerir una orden judicial. Además, se les otorga protección legal al utilizar identidades falsas provistas por el Estado. En caso de que estas operaciones derivaran en procesos penales, los agentes quedarían exentos de responsabilidad penal por ocultar su identidad.
Estas disposiciones han generado una fuerte preocupación entre organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que teme que se conviertan en herramientas de control sobre la prensa y las libertades fundamentales.
Obligaciones para las operadoras y el rol del sistema de inteligencia
La normativa también obliga a las operadoras de telecomunicaciones a entregar información en tiempo real e histórica sobre las comunicaciones y conexiones de los usuarios. Esto incluye datos técnicos y geolocalización. Aunque el texto legal advierte que estos procedimientos deben ser proporcionales y no arbitrarios, Human Rights Watch (HRW) ha advertido que la ley abre la puerta al uso injustificado de la fuerza letal. Asimismo, debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
Además, el servicio nacional de inteligencia tendrá la facultad de solicitar directamente la interceptación de documentos y comunicaciones. No necesitarían autorización previa de la Corte Nacional de Justicia. Las instituciones públicas estarán obligadas a entregar cualquier tipo de información que les sea requerida.
Efecto inhibitorio en libertad de expresión y profesiones confidenciales
Tanto HRW como la fundación Fundamedios, defensora de la libertad de expresión en Ecuador, han expresado que esta legislación puede tener un efecto inhibitorio en el ejercicio periodístico. También afecta a profesiones que requieren confidencialidad, como la medicina y el derecho.
“La ley también podría poner en peligro profesiones protegidas por la confidencialidad (…) al exigirles potencialmente que revelen información sensible”, advierte HRW. Fundamedios fue más allá y alertó sobre un eventual uso político del aparato estatal de inteligencia para vulnerar principios democráticos.
El Gobierno rechaza las críticas
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, desestimó las críticas y negó que la ley tenga como objetivo afectar a los periodistas o vulnerar la libertad de prensa. En declaraciones ofrecidas a un medio local, calificó de «mentiras» las denuncias. Además, afirmó que existen restricciones claras sobre a quiénes se puede investigar.
“No se puede perseguir ni investigar a periodistas, medios de comunicación ni representantes del clero”, aseguró.
Indulto diferido para policías y militares
La segunda normativa, Ley de Solidaridad Nacional, también ha sido objeto de controversia. Esto se debe principalmente al indulto con “efecto diferido” que permite al presidente Noboa suspender la prisión preventiva de policías y militares. Se aplica a los involucrados en procesos judiciales relacionados con el cumplimiento de su función durante el conflicto armado interno decretado en enero de 2024.
Este indulto puede aplicarse en cualquier etapa del proceso penal, incluso antes de una sentencia, aunque excluye casos graves como genocidio, tortura o delitos contra la administración pública.
Para HRW, esta disposición concede al Ejecutivo amplios poderes sin suficientes controles. Esto podría afectar la independencia judicial y socavar el respeto a los derechos humanos.
Medidas adicionales dentro de la Ley de Solidaridad
Además del tema de indultos, esta ley contempla medidas legales y fiscales para atacar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales. También busca proteger a la población civil, fortalecer a las fuerzas del orden y reactivar la economía en zonas afectadas por la violencia.
El Gobierno ha justificado ambas leyes como instrumentos esenciales para enfrentar el avance del crimen organizado. Estas leyes son necesarias en un país que ha sufrido un repunte de violencia y asesinatos en los últimos años, incluido el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.
Reacciones divididas en la sociedad civil
Abogados, analistas de seguridad, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales han cuestionado los riesgos que implican estas leyes. Por otro lado, el oficialismo sostiene que son necesarias en el contexto del estado de conflicto interno armado. Afirman que cuentan con mecanismos de control suficientes.
El debate continúa abierto en Ecuador. Mientras tanto, los ciudadanos y actores políticos analizan el impacto que estas disposiciones podrían tener no solo en la lucha contra el crimen. También consideran su efecto en el fortalecimiento o debilitamiento del estado de derecho y las libertades civiles.
Fuente: CNN en Español
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