La minería ilegal en Ecuador ha sido retratada como un problema creciente con graves implicaciones criminales y de gobernabilidad, advierte la ONU. Así lo señala un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado a finales de mayo de 2025.
El documento advierte que desde 2023 hay pruebas claras de que grupos delictivos organizados (GDO) han tomado el control de zonas mineras de oro en el país, intensificando la violencia e inestabilidad en varias regiones, especialmente en la Amazonía.
Extorsión, narcotráfico y armas: el ecosistema del delito
El informe destaca que entre los delitos asociados a la minería ilegal se encuentran la extorsión a trabajadores mineros, el narcotráfico y el contrabando de armas. La combinación de estas actividades ha incrementado la presencia de bandas armadas y ha deteriorado la seguridad pública en zonas estratégicas para la extracción ilegal.
Este fenómeno no es exclusivo del país. El documento ubica a Ecuador dentro de un patrón regional donde la minería ilegal actúa como catalizador de otras economías criminales.
Corrupción institucional: otro frente crítico
Además de la actividad criminal, el informe de la UNODC advierte sobre la infiltración de la corrupción en instituciones del Estado. En el caso ecuatoriano, se menciona una investigación previa de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reveló actos de corrupción dentro de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el Ministerio de Energía y Minas.
La investigación, de 2021, documenta cómo funcionarios públicos han sido sobornados para permitir operaciones ilegales o brindar protección a cambio de favores económicos. La UNODC advierte que este tipo de prácticas institucionales son frecuentes en contextos donde la minería ilegal está arraigada.
Minería ilegal como amenaza a la seguridad nacional
Durante la administración del expresidente Guillermo Lasso, la minería ilegal fue declarada oficialmente como una amenaza a la seguridad nacional. La decisión fue tomada el 26 de enero de 2023 por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, tras un informe del entonces secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.
Ordóñez justificó la medida por el impacto ambiental, laboral y criminal que genera esta actividad, especialmente en zonas de frontera.
Violencia reciente confirma la gravedad del problema
En los últimos dos meses, la situación se ha agravado, dice la ONU. Uno de los hechos más impactantes fue la masacre de 11 militares en Alto Punino, ocurrida durante un operativo contra la minería ilegal. Otro incidente reciente, el 5 de junio, obligó al repliegue de tropas ecuatorianas frente a cerca de 200 personas armadas en la provincia de Sucumbíos.
Una amenaza que exige respuesta coordinada
El informe de la ONU reitera que para combatir la minería ilegal se requiere una estrategia que combine acciones de seguridad, reformas institucionales y mecanismos de cooperación internacional. Mientras tanto, la violencia y la corrupción siguen poniendo en jaque el control estatal en zonas mineras del país.
Fuente: Expreso
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