El Presidente Daniel Noboa deberá enfrentar audiencia por denuncia electoral el jueves 1 de mayo de 2025. Esta diligencia se desarrollará a las 11:00, en el auditorio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El juez Joaquín Viteri, quien está a cargo del proceso, estableció la comparecencia.
Denuncia interpuesta por presunta infracción
Jorge Escala, dirigente del movimiento Unidad Popular, presentó la acusación. La denuncia sostiene que el presidente Daniel Noboa habría incurrido en una infracción electoral, tipificada en el artículo 278 del Código de la Democracia. Este artículo prohíbe a ciertas autoridades participar en actividades proselitistas durante procesos electorales, con el objetivo de garantizar neutralidad institucional.
En este contexto, el Presidente Noboa deberá enfrentar audiencia por denuncia electoral luego de varios meses de haberse ingresado la queja. Escala presentó la denuncia en enero de 2025, argumentando que la actuación del mandatario infringió la normativa electoral vigente.
Consecuencias de la inasistencia
El juez Viteri ha sido categórico: si el Presidente Noboa deberá enfrentar audiencia por denuncia electoral y no comparece, o no lo hace su representante legal, la sesión se desarrollará en rebeldía. Es decir, el proceso continuará sin su presencia, lo cual puede afectar su defensa y la percepción pública del caso.
De igual forma, se estableció que si Jorge Escala no justifica su ausencia, la denuncia será automáticamente archivada. Este criterio se aplicó previamente en una causa similar, promovida por el excandidato Luis Felipe Tillería, la cual no prosperó por incomparecencia del denunciante.
Contexto institucional y legal
El hecho de que el Presidente Noboa deberá enfrentar audiencia por denuncia electoral marca un precedente importante en la política ecuatoriana reciente. La acción del TCE refuerza la idea de que ninguna autoridad, por más alta que sea, está exenta de rendir cuentas.
Además, el procedimiento refleja el funcionamiento de los mecanismos institucionales diseñados para proteger la legalidad electoral. La audiencia del 1 de mayo, por tanto, se perfila como un momento clave en la agenda política del país.
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