El Gobierno ha recibido un informe del Procurador que declara viable la adjudicación directa del campo Sacha a un consorcio estatal. Sin embargo, los trabajadores petroleros sostienen que esta decisión no respeta un fallo de la Corte Constitucional.
Justificación del Gobierno para la adjudicación directa
El Ministerio de Energía argumenta que la adjudicación directa del campo Sacha a un consorcio extranjero es legal según la Ley de Hidrocarburos. En particular, invoca los artículos 2 y 19 de dicha normativa, que permiten delegar la exploración y explotación petrolera a empresas estatales, tanto nacionales como extranjeras, sin necesidad de un concurso.
El 26 de noviembre de 2024, mediante Acuerdo Ministerial 40, el Ministerio de Energía autorizó al Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas para analizar la propuesta del consorcio integrado por Amodaimi Oil Company S.L., filial de Sinopec, y Petrolia Ecuador, perteneciente a New Stratus Energy.
Argumentos de los trabajadores petroleros
Por otro lado, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) sostiene que el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos fue derogado y declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en 2022. Según la Antep, el Gobierno basa su decisión en un marco legal que ya no está vigente, lo que vulneraría el fallo constitucional.
El constitucionalista Aldrin Gómez Valdivieso subraya que una declaración de inconstitucionalidad no restablece la legislación anterior, por lo que el artículo 2 ya no tiene validez. A su vez, el abogado petrolero Luis Calero advierte que otros artículos relacionados, como el 19, también quedarían sin efecto.
Alternativas a la adjudicación directa
Dado el fallo de la Corte Constitucional, algunos expertos consideran que la adjudicación directa del campo Sacha no es viable. En su lugar, proponen la firma de un contrato de servicios específicos con financiamiento, en el que Petroecuador mantendría la propiedad del campo y una empresa externa prestaría servicios a cambio de una tarifa. Otra opción sería establecer una asociación público-privada, como lo permite la Ley de Empresas Públicas.
Informe del Procurador respalda la adjudicación
A pesar de las críticas, el Gobierno cuenta con un informe del Procurador General del Estado de octubre de 2024, que respalda la adjudicación directa, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, se exige un informe motivado del Viceministro de Hidrocarburos que justifique la incapacidad técnica o económica de Petroecuador y que la empresa estatal interesada posea al menos el 51% del consorcio. En este caso, Sinopec tendría el 60% de las acciones, lo que cumpliría con este requisito.
Acciones legales de los trabajadores
Ante lo que consideran un desacato a la sentencia de la Corte Constitucional, la Antep presentó el 6 de febrero de 2025 una acción por incumplimiento de sentencia. Además, cuestionan que se transfieran áreas productivas con reservas probadas, alegando que esto desconoce la capacidad técnica y operativa de Petroecuador.
El debate sobre la adjudicación directa del campo Sacha sigue en curso, con posturas encontradas entre el Gobierno y los trabajadores petroleros, mientras la Corte Constitucional podría jugar un papel determinante en la resolución del conflicto.
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Fuente:
www.primicias.ec
