En Quito, los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) expresaron su rechazo a la sentencia de la Corte Constitucional (CC), que les obliga a devolver millones de dólares en beneficios laborales. La medida afecta a más de 18.000 empleados y sus familias.
La sentencia a los trabajadores de CNEL
El pasado 14 de febrero, la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección presentada por CNEL, impugnando fallos previos que reconocían derechos colectivos a servidores públicos que, según la empresa, no debían beneficiarse de un contrato colectivo. Con esta resolución, CNEL evita pagar más de 79 millones de dólares, pero los trabajadores ahora deben devolver el dinero ya recibido.
Según Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresa de CNEL, la decisión representa un duro golpe para los empleados, quienes ahora enfrentan incertidumbre económica. Gómez señaló que el fallo fue tomado con base en engaños y que pone en riesgo el sustento de miles de familias ecuatorianas.
Reacciones y medidas que analizarán los trabajadores
Los representantes de los trabajadores denunciaron que esta resolución busca desprestigiar la contratación colectiva y atenta contra derechos laborales legalmente adquiridos. Además, indicaron que la decisión podría afectar el acceso a sistemas de salud privados de los empleados, muchos de los cuales incluyen personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
En respuesta, la dirigencia de CNEL no descarta organizar movilizaciones a nivel nacional, incluyendo la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Esta acción sería parte de su estrategia para exigir respeto a los derechos de los trabajadores y visibilizar su situación ante las autoridades.
Consecuencias económicas y sociales para las familias afectadas
El fallo de la Corte Constitucional impacta directamente en la estabilidad económica de al menos 10.000 familias, muchas de las cuales dependen exclusivamente de los ingresos de los trabajadores de CNEL. Además, el sector sindical ha alertado sobre el precedente que este caso podría sentar para futuras decisiones relacionadas con derechos laborales en Ecuador.
Gómez enfatizó que esta medida es regresiva y que pone en peligro el bienestar de los empleados y sus hogares. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para reconsiderar la decisión y encontrar una solución que garantice la estabilidad de los trabajadores afectados.
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