La Contraloría General del Estado ha realizado un examen exhaustivo sobre las irregularidades detectadas en los procesos de ocupación de locales comerciales en tres centros comerciales público-privados de Quito. El análisis se centró en los establecimientos ubicados en el Centro Histórico de la ciudad, específicamente en el San Martín, Pasaje Sanguña y Hermano Miguel. Este examen abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.
Irregularidades en la ocupación de los locales
Según el informe presentado por la Contraloría, se detectaron serias irregularidades en la ocupación de al menos 200 locales comerciales. En muchos casos, estos espacios están siendo utilizados por terceros, pero no existen registros o documentos que validen la fecha de inicio de esa ocupación. La falta de documentos que respalden el proceso y la ausencia de acciones para regularizar la situación genera una gran preocupación. La Contraloría subraya que no se realizaron los procedimientos necesarios para regularizar la ocupación de estos locales, lo que constituye una clara irregularidad administrativa.
Acciones tomadas para regularizar la situación
En respuesta a estas irregularidades, David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares del Distrito Metropolitano de Quito, aclaró que ya se regularizaron 30 de los locales. No obstante, remarcó que no solo el examen de la Contraloría motivó este proceso, sino también la necesidad de resolver los inconvenientes existentes. Sin embargo, Mogollón también destacó que muchos trámites relacionados con la regularización de la adjudicación de locales quedaron estancados debido a la falta de una normativa clara.
La falta de normativa como obstáculo
Una de las razones detrás de la falta de regularización es la expiración, en 2019, de la resolución que previamente permitía adjudicar estos locales. Desde ese momento, no ha sido posible continuar con el proceso de adjudicación, ya que la normativa necesaria no ha sido renovada. La responsabilidad de crear una nueva resolución recae sobre el Concejo Metropolitano de Quito, lo que ha generado un estancamiento significativo. Actualmente, 420 locales siguen en espera de ser adjudicados debido a la ausencia de normativa vigente.
Cuestiones financieras no resueltas
Otro aspecto señalado por la Contraloría es la falta de ingreso de más de 44 000 dólares a las cuentas municipales. Este monto corresponde a arrendamientos de bodegas y parqueaderos. El dinero debía haberse depositado como parte de los pagos por la ocupación de los locales, pero no se ha entregado. Esto agrava aún más la situación administrativa de estos centros comerciales.
En conclusión, las irregularidades en los procesos de ocupación de los locales comerciales en estos centros de Quito exigen atención urgente. La falta de normativa y la falta de regularización de los procedimientos son temas clave que deben ser resueltos para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de estos espacios públicos.
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