El Ministerio de Gobierno de Ecuador ha solicitado formalmente a la Cancillería que gestione la retirada de la condición de refugiado concedida a Walter Solís por el gobierno mexicano. Esta acción ocurre tras la reciente detención de Solís en México con fines de extradición, seguida de su liberación gracias a la protección que le otorga su estatus de refugiado.
Contexto de la controversia
La solicitud ecuatoriana se produce en un momento de tensión diplomática entre ambos países, exacerbada por un litigio en la Corte Internacional de Justicia relacionado con un incidente en la Embajada de México en Quito. En abril, las autoridades ecuatorianas intentaron detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, mientras se encontraba bajo asilo diplomático otorgado por México.
Hasta ahora, Suiza ha actuado como intermediario en los esfuerzos por resolver estas tensiones. Sin embargo, no se ha logrado un entendimiento concreto, particularmente en el caso de Glas.
Acusaciones contra Walter Solís
Walter Solís, quien fue ministro de Transporte y Obras Públicas entre 2015 y 2016, enfrenta múltiples acusaciones de corrupción relacionadas con proyectos de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016. El exministro ha sido condenado a ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos y por peculado en el caso Senagua, acumulando así dos sentencias por delitos de corrupción.
El gobierno ecuatoriano ha enfatizado que los crímenes por los que Solís fue condenado ocurrieron antes de que se le otorgara el estatus de refugiado. Según el comunicado oficial, esta circunstancia invalida la solicitud de asilo bajo las normativas internacionales y mexicanas.
Postura de México
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido la decisión de su gobierno de no extraditar a Solís, argumentando que su estatus de refugiado le otorga protección bajo las leyes internacionales. Esta postura ha sido criticada por el gobierno ecuatoriano, que considera que el estatus de refugiado no debe ser utilizado para eludir responsabilidades legales.
Acusaciones de Persecución Política
Desde el correísmo, se rechazan las condenas y acusaciones contra Solís y otros miembros de la administración de Rafael Correa, calificándolas de persecución política y de un uso indebido del sistema judicial conocido como lawfare. Este enfoque, aseguran, tiene como objetivo evitar su retorno al poder en Ecuador.
Ecuador Reafirma su Compromiso Contra la Corrupción
En su comunicado, el Ministerio de Gobierno reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción. “Solís debe rendir cuentas ante la justicia ecuatoriana, la ciudadanía y la comunidad internacional”, afirmó, subrayando que su estatus de refugiado no tiene fundamento en las normativas internacionales.
La petición de Ecuador a México no solo busca la extradición de Solís, sino también la reafirmación de que los actos de corrupción no deben quedar impunes, independientemente de las protecciones diplomáticas invocadas.
Más noticias:
La importación de productos de categoría C: Transformando el comercio digital en Ecuador
