El concurso para Fiscal General aún no ha comenzado formalmente, pero ya ha generado una intensa controversia dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En un intento por avanzar en el proceso, el CPCCS ha convocado una mesa técnica para resolver los conflictos relacionados con los reglamentos propuestos para la selección del nuevo Fiscal General. Durante la sesión del 21 de agosto de 2024, la mayoría del Pleno del CPCCS decidió acelerar la elaboración del reglamento y fijó como objetivo su aprobación para el 30 de agosto de 2024. Sin embargo, la existencia de al menos tres propuestas distintas ha complicado la posibilidad de llegar a un consenso entre los consejeros.
La probidad notoria: Un punto controversial
Uno de los principales puntos de discordia entre los reglamentos propuestos es la definición de la probidad notoria, un requisito crucial para los aspirantes al cargo de Fiscal General. El consejero Augusto Verduga, quien fue designado para elaborar un primer borrador de reglamento, plantea que la probidad notoria no pueda ser impugnada por la simple presentación de denuncias sin sentencia. Este planteamiento busca evitar que denuncias infundadas o sin resolución judicial puedan descalificar a un candidato. En contraposición, la consejera Johanna Verdezoto, en su propuesta de reglamento publicada semanas antes, no incluye esta salvedad, lo que ha generado un intenso debate sobre los criterios que deben regir la evaluación de la probidad notoria. Este aspecto es especialmente sensible, ya que cualquier interpretación subjetiva podría comprometer la legitimidad del proceso de selección.
Esquemas de calificación en disputa
Otro aspecto que ha generado desacuerdos significativos es el esquema de calificación para el concurso de Fiscal General. Las propuestas difieren no solo en la ponderación de las etapas de méritos y oposición, sino también en la inclusión de una prueba oral en la fase de oposición. El reglamento propuesto por Verduga establece un esquema de 100 puntos, distribuidos equitativamente entre la etapa de méritos y la de oposición, y contempla una única prueba escrita como parte de la evaluación. En contraste, la propuesta de Verdezoto sugiere un esquema de 50 puntos, con una distribución diferente y la inclusión de una prueba oral con una ponderación de 5 puntos. El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, también defiende la inclusión de una prueba oral en su proyecto de reglamento, aunque no especifica cómo debería ser valorada, lo que añade otra capa de complejidad al proceso.
Aportes Internacionales y acción afirmativa
Fantoni también ha propuesto que el concurso cuente con el acompañamiento de una veeduría internacional y la presencia constante de un comité de expertos en cada fase del proceso, elementos que no están contemplados en los reglamentos de Verduga y Verdezoto. Esta propuesta busca garantizar la transparencia y objetividad del concurso, al tiempo que se asegura la participación de organismos internacionales que puedan aportar una visión imparcial. Además, la inclusión de acciones afirmativas en el esquema de calificación es otro tema de debate. Los reglamentos de Verduga y Verdezoto consideran aspectos como la situación de movilidad o el reconocimiento como héroe de la patria como criterios a ser puntuados, lo que ha generado críticas por parte de algunos expertos que temen que estas medidas puedan ser objeto de manipulación en un país donde se han registrado irregularidades incluso en la emisión de carnés de discapacidad.
El futuro del concurso en el CPCCS
Para el penalista Julio César Cueva, la clave para un proceso exitoso radica en la adopción de criterios más objetivos que permitan depurar el perfil de los postulantes. Sugiere que se priorice la excelencia académica, la experiencia profesional y la especialización en áreas clave como Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Cueva también propone que el puntaje se complemente con la evaluación del prestigio de las universidades de las que egresaron los aspirantes, su permanencia en la carrera y el promedio de sus calificaciones, elementos que podrían contribuir a una selección más justa y transparente.
En este contexto, el CPCCS enfrenta el desafío de armonizar las diversas propuestas y encontrar un equilibrio que permita avanzar con el concurso para Fiscal General de manera efectiva y legítima. La diversidad de opiniones y la complejidad de los temas en discusión reflejan la importancia del proceso y la necesidad de garantizar que el próximo Fiscal General cuente con las credenciales y la integridad necesarias para desempeñar tan delicada función.
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