Este sábado 24 de agosto de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la demanda por violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa. Esta acción judicial ha generado una gran atención mediática, debido a la relevancia política de ambos actores y a la naturaleza del conflicto que, según Abad, responde a prácticas de violencia de género en el ámbito político.
El proceso judicial se inició formalmente el 15 de agosto de 2024, cuando el juez Fernando Muñoz otorgó un plazo a Verónica Abad para que clarificara su denuncia contra el presidente Noboa. Abad cumplió con este requerimiento en el tiempo estipulado, presentando información adicional que fue evaluada por el magistrado. Tras la revisión de los documentos presentados, el juez decidió admitir la demanda de manera oficial, dando así paso a un proceso que será seguido con detenimiento tanto por la opinión pública como por las esferas políticas del país.
El siguiente paso en este caso será la audiencia única de pruebas y alegatos, cuya fecha ha sido fijada por el juez Muñoz para el 12 de septiembre de 2024, a las 10:00, en la sala de audiencias del TCE en Quito. Durante esta diligencia, se presentarán los argumentos y las pruebas por parte de ambas partes: la vicepresidenta Abad y el presidente Noboa. Este evento será crucial para definir la dirección que tomará el proceso, ya que en esta audiencia se expondrán las bases jurídicas de la acusación y la defensa.
Sin embargo, no todas las solicitudes de la vicepresidenta fueron acogidas por el juez. Además de aceptar la demanda, Muñoz decidió negar el auxilio judicial que Abad había solicitado como parte de su estrategia legal. Asimismo, rechazó la solicitud de prueba pericial presentada por la vicepresidenta, lo que podría limitar algunos de los recursos que Abad esperaba utilizar para sustentar su acusación.
Además de la denuncia en contra del presidente Noboa, Verónica Abad ha señalado a otros altos funcionarios del gobierno en sus acusaciones. Entre ellos se encuentran la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jácome, a quienes Abad también ha acusado de haber incurrido en prácticas de violencia política de género. Estas denuncias adicionales han amplificado el alcance del conflicto, involucrando a más actores del gobierno en esta delicada situación política.
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