Hace más de seis meses, el Gobierno de Daniel Noboa tomó una medida drástica en el sistema penitenciario ecuatoriano al prohibir el ingreso de familiares a las cárceles. Esta decisión fue motivada por la declaración de conflicto armado interno, un contexto que ha agudizado las tensiones y las dificultades en las instituciones carcelarias. Esta prohibición ha tenido un profundo impacto en los familiares de los detenidos y ha generado una serie de desafíos económicos y emocionales para aquellos que intentan mantener algún tipo de contacto con sus seres queridos.
La realidad de los barrios populares y el Impacto Económico
En Guayaquil, una de las ciudades más afectadas, la prohibición ha llevado a un aumento en la organización de eventos como bingos para recaudar fondos destinados a los familiares de los detenidos. Estos eventos se han convertido en una necesidad para muchas familias, especialmente para los adultos mayores que enfrentan una situación económica precaria. Bety, una mujer que cuida de sus tres nietos, uno de los cuales está en prisión, es un claro ejemplo de cómo la crisis económica del país ha golpeado con dureza a los más vulnerables. Su situación se agravó tras la muerte de su hija en un accidente doméstico, dejando a Bety y a sus nietos en una situación desesperada.
Condiciones de Visita y Testimonios Acongojantes
Las visitas a las cárceles, limitadas a solo dos horas, se han convertido en momentos de angustia para los familiares. Tras el tiempo de visita, muchos salen con el rostro preocupado y desolado. Pablo, por ejemplo, relata su experiencia con gran dolor. “Encontré a mi hijo en huesos y me contó que todas las mañanas los golpean”, dice. Durante estas visitas, los presos deben esperar en fila bajo la vigilancia estricta de los militares, y el tiempo de contacto real con los familiares es breve. “Nos revisan todo, nos sellan en el brazo, nos gritan que hagamos caso, que obedezcamos, nos tratan como privados de libertad”, explica Pablo. Además, denuncia las condiciones deplorables de alimentación de los internos, quienes solo reciben una ración diaria, lo que contribuye a su deterioro físico.
Cambios en el trato a las mujeres y la opinión de los visitantes de las
Una de las modificaciones en el protocolo de seguridad ha sido la implementación de un uniforme estándar para las visitantes mujeres. Esta medida ha reducido las prácticas indignas a las que estaban sometidas anteriormente, como desvestirse o realizar ejercicios sin ropa. Algunas mujeres, como Gladys, valoran estos cambios, aunque reconocen que los malos tratos a los presos siguen siendo una preocupación. Gladys, quien ha pasado siete meses sin ser extorsionada por otros presos, refleja la complejidad de la situación: “Ya no he pagado para que tenga agua para bañarse, o por una llamada telefónica o por seguridad para que no lo maten”, señala.
Reflexiones sobre la violencia y la percepción pública en las cárceles
El estricto control en las visitas ha dejado un mal sabor entre los visitantes, quienes enfrentan la frustración de no saber si el breve tiempo de contacto, el aspecto demacrado de los presos, o el desánimo generalizado es el principal problema. La realidad es que, a pesar de las políticas del Gobierno de Noboa, la violencia sigue siendo un problema persistente. Los presos, aunque están pagando por sus delitos, no son los únicos responsables de la violencia exterior que continúa causando estragos en la sociedad ecuatoriana. Las masacres, extorsiones y asaltos siguen siendo frecuentes, desafiando las afirmaciones oficiales de que la inseguridad se ha reducido a niveles históricos.
La prohibición del ingreso de familiares a las cárceles ha tenido un impacto significativo en los afectados, exacerbando la difícil situación económica de muchas familias y generando un gran sufrimiento emocional. A medida que el Gobierno continúa con sus políticas de control, es fundamental considerar los efectos de estas medidas en los seres queridos de los detenidos y en la percepción pública de la justicia y la seguridad en el país.
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