La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con unanimidad, con el voto de los 132 legisladores presentes, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas reformas buscan endurecer las penas para 13 delitos especialmente relacionados con la actividad de bandas criminales, y simplificar los trámites para la extinción de dominio de bienes mal habidos, transfiriéndolos al control del Estado.
Incremento de penas para delitos graves
Entre las principales reformas aprobadas se encuentran:
- Terrorismo: La pena se incrementó de 10 a 26 años de prisión.
- Financiación de actividades terroristas: Las condenas pasaron de 22 a 26 años de cárcel.
- Tráfico de drogas: La sentencia aumentó de 13 a 26 años.
- Secuestro: Las penas se elevaron de 22 a 26 años de prisión.
- Sicariato: Las condenas subieron de 26 a 30 años.
- Delincuencia organizada: Las penas se incrementaron de 22 a 26 años.
Estas reformas buscan atacar directamente el aumento de la violencia y criminalidad en el país, atribuido en gran medida a los enfrentamientos entre bandas de narcotráfico locales, vinculadas con cárteles de Colombia y México.
Contexto de violencia
Desde inicios de 2021, Ecuador ha experimentado una ola de violencia sin precedentes, con un total de 7.600 muertes violentas registradas en 2023. Esto equivale a una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina. La mayoría de estas muertes son consecuencia de los conflictos entre bandas que luchan por el control de las áreas de distribución de drogas y sus rutas de exportación.
Simplificación por parte de la Asamblea de la extinción de dominio
Otra de las reformas clave es la simplificación de los trámites para la extinción de dominio de los bienes de personas involucradas en actividades ilegales. Con la nueva normativa, ya no será necesario contar con una sentencia judicial para iniciar el traspaso de estos bienes al Estado. Además, se han acortado y simplificado los plazos para llevar a cabo este proceso.
Próximos pasos
Una vez aprobadas por la Asamblea Nacional, estas reformas pasarán al Ejecutivo, que tiene un plazo de 30 días para aprobarlas, rechazarlas o modificarlas. La simplificación de la extinción de dominio y el endurecimiento de penas buscan cumplir con las expectativas ciudadanas expresadas en una consulta popular realizada en abril, donde la mayoría apoyó estas medidas.
Estas reformas representan un esfuerzo significativo para combatir la delincuencia organizada y mejorar la seguridad en Ecuador, reforzando el marco legal para enfrentar los desafíos de criminalidad que afectan al país.
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