La fiscal Diana Salazar anunció el 16 de mayo, a través de su nueva cuenta de YouTube, que se encuentra embarazada. Este embarazo cambia la situación del inminente juicio político que el correísmo impulsa en su contra, según Salazar. En el video donde anuncia su embarazo, Salazar señaló que esta nueva condición altera los planes de los asambleístas del correísmo que buscan enjuiciarla políticamente. “Me encuentro a puertas de un juicio político y, si bien esta es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional, mi condición cambia las reglas del juego”, expresó la Fiscal.
Salazar argumentó que las reglas actuales no contemplan cómo proceder en un juicio político bajo el estrés que implica este proceso cuando la interpelada está en estado de gestación. “Es importante recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre temas relacionados como la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada”, añadió. Salazar enfatizó que en la Asamblea Nacional se están tratando leyes que consideran los derechos de la mujer y que protegen la vida de quienes están por nacer.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, reaccionó inmediatamente al anuncio de Diana Salazar. En sus redes sociales, Kronfle señaló que la Fiscal enfrenta un embarazo de “alto riesgo” y solicitó el respeto a sus derechos. Kronfle informó que se elevó a la Procuraduría una consulta sobre la posibilidad de suspender el trámite del juicio político debido a la condición de Salazar. “¿Puede el Consejo de Administración Legislativa suspender la tramitación de un juicio político por doble vulnerabilidad y alto riesgo en el embarazo como el que enfrenta la señora Fiscal?”, planteó Kronfle como duda a resolver.
Salazar concluyó su anuncio reiterando que su embarazo cambia la situación del juicio político en su contra, subrayando la necesidad de que se consideren las implicaciones legales y éticas de proceder bajo estas circunstancias. Esta declaración ha generado un intenso debate sobre los derechos de las mujeres embarazadas en el ámbito político y legal, y cómo estas situaciones deben ser manejadas por las instituciones del Estado.
Fuente:
www.primicias.ec
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