En un reciente comunicado, el Gobierno reafirma su compromiso de no entablar contratos con empresas asociadas al crimen organizado. Sin embargo, Lafattoria ha refutado las acusaciones en su contra. El presidente Daniel Noboa denunció en sus redes sociales que esta empresa habría lucrado con contratos estatales por un total de USD 171 millones desde 2015, sugiriendo que estos fondos podrían haber financiado actividades ilícitas.
La crisis en las cárceles ecuatorianas se intensifica con las revelaciones sobre las presuntas conexiones de Lafattoria con el crimen organizado. El Gobierno entregó un informe confidencial a la Fiscalía General, detallando supuestas irregularidades en los contratos de suministro de alimentos. Mientras tanto, el presidente Noboa ha reiterado la postura del Estado de no hacer negocios con entidades vinculadas al crimen.
En respuesta, Lafattoria ha negado haber operado como un monopolio y ha destacado su historial de servicio en 25 cárceles a nivel nacional. Sin embargo, reclama pagos atrasados por un total de USD 30 millones desde diciembre de 2023. La empresa ha expresado su disposición a cooperar con cualquier investigación pertinente y ha solicitado que el proceso no sea utilizado como represalia política.
El historial de Lafattoria revela una posición dominante en el mercado de servicios de alimentación en las cárceles ecuatorianas, acumulando contratos millonarios con el Estado desde 2012. Sin embargo, la falta de interés de otros proveedores ha sido atribuida a la violencia endémica dentro de las instituciones penitenciarias. Lafattoria, según su principal accionista Richard Villagrán, ha demostrado su experiencia en este sector, ingresando a las cárceles miles de veces sin enfrentar acusaciones formales.
La situación subraya la complejidad de la gestión penitenciaria en Ecuador y la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones contra Lafattoria y garantizar la transparencia en los contratos públicos.
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