El presidente Daniel Noboa Azín ha anunciado que entre marzo y abril se llevará a cabo una consulta popular y referéndum para abordar aspectos cruciales sobre seguridad y empleo. En un contexto marcado por la participación de 13,4 millones de ecuatorianos en las elecciones presidenciales anticipadas de octubre pasado, el país se encamina hacia un nuevo proceso electoral.
La consulta popular y referéndum: Desafíos financieros y pendientes electorales
Sin embargo, este próximo evento electoral (consulta popular y referéndum) no está exento de desafíos financieros. El costo estimado para esta consulta se sitúa alrededor de los $54 millones. A esto se suma una deuda pendiente del Ministerio de Economía y Finanzas con el Consejo Nacional Electoral (CNE) por un monto de $10,5 millones. Esta deuda, originada en la organización de comicios anteriores, ha generado compromisos pendientes con proveedores de servicios. Además de trabajadores con contratos ocasionales y medios de comunicación por la difusión de la promoción electoral.
Reforma constitucional y rol de las Fuerzas Armadas
La reciente aprobación de una reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. Esto ha permitido la colaboración de las Fuerzas Armadas en labores contra el crimen organizado, marca un hito en el camino hacia esta consulta. Propuesta por el expresidente Guillermo Lasso, esta reforma ha obtenido dictamen afirmativo de la Corte Constitucional. Asimismo, ha sido respaldada por 125 votos de los asambleístas.
Próximos pasos para la consulta popular y referéndum
Ahora, esta reforma deberá someterse a un nuevo control constitucional. En caso de ser aprobada, será el electorado quien decida mediante el voto sí o no, si respalda la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia.
Con estos elementos en juego, Ecuador se encuentra en una etapa crucial. Se prepara para un nuevo ejercicio democrático, es decir, de una consulta popular y referéndum, que busca abordar temas fundamentales para la seguridad y el empleo en el país.
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