El nuevo gobierno ecuatoriano se enfrenta a una alarmante realidad: cerrar el año 2023 con un promedio de 21 homicidios diarios, proyectando superar las 7,000 muertes violentas, lo que podría ubicar al país entre los cinco más peligrosos del mundo. Esta cifra récord contrasta con las 4,603 muertes violentas registradas en 2022.
La tasa de 44,9 asesinatos por cada 100,000 habitantes sitúa a Ecuador en la posición más crítica de su historia, superando incluso a países como Venezuela (40,4) y Honduras (35,8), según el análisis de Insight Crime. La amenaza de convertirse en el más violento de América Latina y rivalizar con naciones como Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Islas Vírgenes y Sudáfrica (con una tasa de 47), es una realidad inminente.
En respuesta a esta crisis, el presidente Daniel Noboa presenta el ambicioso plan de seguridad “Fénix”, con una inversión estimada de $830 millones a lo largo de una década. Este proyecto busca una transformación integral, desde la centralización de la inteligencia hasta la militarización de la vigilancia en sectores vulnerables, donde las pandillas reclutan a jóvenes marginados.
El plan incluye una colaboración estratégica con el gobierno israelí para implementar un sistema de vigilancia militarizada y reconocimiento facial. Además, se enfoca en fortalecer la presencia militar en fronteras, puertos, aeropuertos y puntos clave del país.
Noboa también tiene en la mira la reforma del sistema penitenciario, reconocido como epicentro de grupos criminales. La propuesta destaca la segregación de la población carcelaria y la construcción de barcazas como cárceles de máxima seguridad para contener al 17% de los reclusos señalados como responsables del grueso de la violencia.
La batalla contra la creciente violencia en Ecuador está en marcha, pero el camino hacia la seguridad parece desafiante y costoso.
