La propuesta de Andrés Arauz en torno a los “ecuadólares” ha generado un debate en Ecuador, y los expertos tienen opiniones diversas sobre su viabilidad y consecuencias. Aunque algunos ven la idea con reservas, otros la interpretan de manera diferente y plantean consideraciones importantes.
Arauz ha reavivado el tema de la dolarización en Ecuador, que ha estado en vigor durante 23 años. Su propuesta se basa en la creación de medios de pago electrónico respaldados por la banca central ecuatoriana, permitiendo aprovechar la dolarización mientras se utilizan medios de pago nacionales.
Bajo esta propuesta, el Banco Central absorbería los dólares para transacciones internacionales, ya que el “ecuadólar” no tendría valor fuera del país ni respaldo físico. La intención sería impulsar los pagos electrónicos, modernizando el sistema financiero y evitando la ineficiencia de usar billetes para transacciones nacionales.
Sin embargo, el economista Walter Spurrier expresa preocupación al respecto, sugiriendo que esta idea podría resultar en la absorción de los dólares existentes en cuentas locales, sin proporcionar una moneda de cambio efectiva. Esto podría conducir a una situación similar a la de Venezuela o Argentina, donde una moneda paralela se devalúa constantemente frente al dólar.
Por otro lado, el economista Pablo Dávalos interpreta la propuesta de Arauz de manera diferente. Él sugiere que se trata de fortalecer los medios electrónicos de pago existentes y crear una moneda digital respaldada por el Banco Central, similar a iniciativas previas que no lograron éxito.
La discusión sobre esta propuesta resalta la importancia de un análisis exhaustivo de sus implicaciones y de cómo se implementaría en la práctica. La comparación con experiencias en otros países también subraya la necesidad de abordar los desafíos potenciales que podrían surgir con la introducción de una moneda digital nacional.
En última instancia, el debate en torno a la propuesta de Arauz sobre los “ecuadólares” es fundamental para evaluar su viabilidad y para asegurar que cualquier cambio en el sistema financiero ecuatoriano se realice de manera informada y con el objetivo de mejorar la estabilidad y eficiencia económica del país.
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