Amnistía Internacional presentó un informe titulado “Son militares, yo lo vi”, en el que documenta casos de desapariciones forzadas ocurridas en Ecuador durante el 2024, en el contexto del conflicto interno armado. El reporte, que recoge evidencias y testimonios, expone la gravedad de la situación y la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
Cifras oficiales y subregistros
Según datos de la Fiscalía, existen 43 denuncias abiertas por presunta desaparición forzada en el país. Sin embargo, la organización internacional advierte que estas cifras podrían representar un subregistro, debido a las barreras que enfrentan las familias para denunciar y la falta de un proceso ágil de investigación.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) también ha identificado al menos 33 casos en la región Costa, lo que refuerza las alertas sobre la magnitud del problema.
Casos documentados
Amnistía Internacional revisó en detalle cinco casos que involucran a diez personas desaparecidas, entre ellas jóvenes y menores de edad. Estos incluyen:
- Cirilo Minota (35 años): detenido en Esmeraldas el 4 de abril de 2024.
- Dave Loor (20) y Juan Santillán (27): aprehendidos en Ventanas, Los Ríos, el 26 de agosto de 2024.
- Jostin Álvarez (17) y Jairo Tapia (16): retenidos en un allanamiento en Babahoyo el 3 de septiembre de 2024.
- Dalton Ruiz (34): desaparecido tras un control en Pimocha, Babahoyo, el 20 de octubre de 2024.
- Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo (menores de edad): retenidos en Guayaquil por una patrulla militar en diciembre de 2024. Posteriormente fueron hallados sin vida en un río de Taura.
Estos casos cumplen con tres parámetros de desaparición forzada: privación de libertad, participación de agentes estatales y negativa oficial a reconocer la detención o informar sobre el paradero de las víctimas.
Obstáculos para las familias
La organización denunció que los familiares de las víctimas enfrentan enormes trabas en sus intentos de búsqueda. Muchas veces no se aceptan denuncias en primera instancia, las investigaciones se inician tarde y las diligencias se practican cuando ya no es posible recolectar evidencia clave. Ante la inacción estatal, son las familias quienes se convierten en los principales buscadores de sus seres queridos, exponiéndose a situaciones de riesgo y revictimización.
Militarización y violaciones de derechos
Uno de los puntos más críticos señalados por Amnistía Internacional es la militarización de la seguridad pública en el marco de los estados de excepción. Según el informe, esta medida no ha resuelto la crisis de violencia, sino que ha abierto la puerta a graves violaciones de derechos humanos, colocando a la población civil en mayor vulnerabilidad.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
La organización de derechos humanos planteó una serie de medidas que el Estado ecuatoriano debe implementar con urgencia:
- Revertir la militarización de la seguridad pública.
- Situar los derechos humanos en el centro de las políticas de seguridad.
- Garantizar investigaciones inmediatas y efectivas.
- Asegurar la cooperación de las Fuerzas Armadas con las autoridades judiciales.
- Proteger a las familias de las víctimas durante los procesos de búsqueda.
- Garantizar medidas de reparación integral.
- Permitir la asistencia de mecanismos internacionales de derechos humanos para fortalecer las investigaciones.
El rol del Estado
Amnistía Internacional recordó que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de buscar a las personas desaparecidas, garantizar justicia y brindar protección a los familiares que participan activamente en la búsqueda. La representante para las Américas, Ana Piquer, recalcó que la reparación y el acompañamiento a las víctimas son indispensables para evitar que estos hechos queden en la impunidad.
Fuente: El Universo
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