En los primeros 100 días de la nueva Asamblea, el oficialismo liderado por ADN utilizó su mayoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para frenar procesos de fiscalización al Ejecutivo. Este accionar benefició al Gobierno de Daniel Noboa y debilitó los intentos de control político de la oposición.
El CAL como instrumento de poder
Desde el 14 de mayo, ADN aseguró una mayoría en el CAL con la presencia de Niels Olsen, Mishel Mancheno y Sade Fristchi. Además, incorporó aliados como Mónica Salazar, Samuel Celleri, Steven Ordóñez y Carmen Tiupul. Con ello, obtuvo el control absoluto del organismo encargado de calificar los pedidos de fiscalización.
El caso más evidente fue la solicitud de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano. La oposición la acusó de incumplimiento de funciones y de responsabilidad en el polémico caso Progen, relacionado con contrataciones en el sector energético. Sin embargo, el CAL bloqueó la moción al negarse a calificar el pedido.
Caso Progen y bloqueo de procesos
El caso Progen se convirtió en el principal cuestionamiento al Gobierno, pero el oficialismo impidió que avanzara en la Asamblea. Además, el CAL retiró de la Comisión de Garantías Constitucionales —dominada por el correísmo— los expedientes sobre Progen y la entrega de bonos en campaña electoral, trasladándolos a la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome, aliada del oficialismo.
Hasta la fecha, ninguno de estos procesos ha concluido con informes definitivos que permitan establecer responsabilidades políticas. Esto confirma que el oficialismo privilegió la estabilidad del Ejecutivo sobre la transparencia.
Juicio político con causales débiles
En contraste, sí prosperó un juicio político contra Gonzalo Albán, vocal del CPCCS. La acusación, impulsada por ADN, se fundamentó en supuestas irregularidades en su candidatura de 2023. Sin embargo, expertos señalaron que la causal no estaba claramente sustentada, pues su habilitación fue validada por el Tribunal Contencioso Electoral.
Análisis político y gobernabilidad
Para analistas, como Daniel Crespo y Henry Cucalón, el oficialismo confundió coordinación con sumisión. Explicaron que la gobernabilidad de los primeros 100 días de la Asamblea estuvo marcada por la subordinación legislativa frente al Ejecutivo. Este control debilitó la independencia institucional y redujo la fiscalización a un mecanismo condicionado por intereses políticos.
El bloqueo de la fiscalización durante este periodo dejó en evidencia una Asamblea alineada con el Gobierno, pero distante de su mandato de control político.
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