Daniel Noboa respalda la desvinculación de 5.000 funcionarios del sector público
El presidente Daniel Noboa respaldó la desvinculación de 5.000 funcionarios, medida que impacta a la Función Ejecutiva, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otras entidades estatales. Esta acción forma parte de un proceso de reorganización administrativa que busca eficiencia y compromiso dentro del aparato público.
Una decisión respaldada desde Carondelet
La desvinculación de 5.000 funcionarios fue anunciada oficialmente el 24 de julio de 2025 por Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno. Horas después, el presidente Noboa emitió un mensaje en redes sociales con una postura contundente.
“Aquí estamos para trabajar con gente comprometida por su país, con cambiar realmente al Ecuador. El que no, fuera”, expresó en Instagram.
Ejemplos de ineficiencia institucional
En su mensaje, el mandatario justificó la desvinculación de 5.000 funcionarios señalando múltiples irregularidades persistentes en el sector público. Mencionó frases cotidianas como: “Se fue el sistema de nuevo” o “Siguen vendiendo los turnos para cédulas y pasaportes”, que reflejan prácticas inaceptables.
Asimismo, criticó decisiones técnicas como la insistencia en comprar energía, pese a que las hidroeléctricas operan a plena capacidad. Esta crítica se dio en el contexto del reinicio de exportaciones eléctricas desde Colombia.
Evaluaciones y reestructuración institucional
La desvinculación de 5.000 funcionarios se enmarca dentro del Plan de Eficiencia Administrativa, que impulsa una evaluación permanente del desempeño en el sector público. Además, incluye fusiones ministeriales y la reestructuración del Ejecutivo.
El plan también abre espacio para jóvenes profesionales que, hasta ahora, no han tenido acceso al trabajo estatal. La implementación de estas reformas busca erradicar la inoperancia histórica en la gestión pública.
Marco legal y contratación pública
De forma paralela a la desvinculación de 5.000 funcionarios, el presidente Noboa firmó el reglamento de la Ley de Integridad Pública. Este instrumento introduce modificaciones relevantes en los procesos de contratación estatal, promoviendo mayor transparencia y meritocracia.
Fuente: PRIMICIAS
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