La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, notificó ayer, 6 de agosto, a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) la suspensión del inicio proyecto minero Loma Larga, ubicado en Azuay. Por tanto, la medida se mantiene hasta que se difunda públicamente el Plan de Manejo Ambiental aprobado.
Requisitos de transparencia ambiental para Loma Larga
Mediante un oficio oficial, Manzano instruyó que la información ambiental sea comunicada de manera didáctica. Además, solicitó el uso de infografías, mapas y otros mecanismos comprensibles para la población local. Asimismo, exigió que se incluyan medidas específicas para la protección del recurso hídrico en el área.
La publicación deberá realizarse a través de una página de acceso público. Sin embargo, la empresa aún no ha cumplido con estos requerimientos de transparencia informativa.
Marco legal de la suspensión del inicio proyecto minero Loma Larga
La medida se ampara en el inciso 4 del artículo 229 del Código Orgánico Administrativo. En consecuencia, este artículo permite suspender actos administrativos cuando puede verse afectado el interés público.
«Nuestra prioridad también es el agua, y la transparencia», escribió Manzano en su cuenta de X. Posteriormente, destacó que desde su gestión en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) se protegieron más de 41.000 hectáreas de páramo en Azuay.
Características del proyecto y ubicación estratégica
El proyecto minero Loma Larga contempla la explotación de oro, plata y cobre en territorio azuayo. No obstante, ha sido objeto de controversia por su cercanía a fuentes hídricas importantes. Igualmente, su proximidad a la zona de Quimsacocha genera preocupación en comunidades locales.
La empresa canadiense proyectaba iniciar obras a finales de 2025. Por otra parte, los estudios ambientales ya habían sido aprobados previamente por las autoridades competentes.
Reacciones locales ante la suspensión del inicio proyecto minero
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, expresó su posición respecto a la medida ministerial. Por ende, afirmó que el proyecto «no puede solo tener una pausa» ante los riesgos identificados. Finalmente, exigió la cancelación definitiva de las actividades extractivas planificadas.
Las autoridades locales han manifestado preocupación constante por el impacto ambiental. También han señalado los posibles efectos sobre el suministro de agua para la población cuencana.
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