El presupuesto ministerial preasignado en Ecuador alcanza aproximadamente el 85% del total de recursos que administra cada cartera de Estado. Esta rigidez fiscal, anclada en la Constitución de 2008 y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), limita drásticamente la capacidad de decisión de los ministros. En consecuencia, casi todo el dinero público debe ejecutarse exactamente donde la normativa lo ordena, sin posibilidad de reasignación estratégica.
Luis Espinosa Goded, economista docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), resume la situación: «Háganse a la idea de que hoy en día un ministro o gerente general de empresa pública no puede hacer nada, o casi nada. No hay presupuesto para obras, prácticamente todo el gasto está preasignado por esta Constitución y compromisos adquiridos».
Aunque suene exagerado, la evidencia jurídica y fiscal respalda considerablemente esta afirmación. La Proforma presupuestaria anual incorpora asignaciones obligatorias para educación, salud, seguridad social y gobiernos locales. Además, el servicio de deuda pública ha aumentado progresivamente desde 2015, según análisis previos de LA HORA, y no puede eludirse.
Marco legal convierte el presupuesto ministerial preasignado en Ecuador en estructura rígida
El Coplafip clasifica numerosas partidas como «gasto permanente obligatorio». Esto incluye salarios, mantenimiento crítico, subsidios, transferencias condicionadas y contratos plurianuales. Asimismo, las leyes sectoriales de Educación, Salud, Interior, Inclusión y Trabajo distribuyen automáticamente fondos según requerimientos que los ministros no pueden alterar.
En la práctica, el margen real para decisiones ministeriales oscila entre el 5% y el 15% del total, dependiendo del sector. No obstante, en años de crisis fiscal, ese margen se reduce todavía más, llegando en algunos casos a niveles inferiores al 3%. Por tanto, la capacidad de maniobra se vuelve casi inexistente.
A eso se suman restricciones operativas específicas. Los ministros no pueden reestructurar plantillas, no pueden eliminar programas establecidos, no pueden reasignar fondos entre finalidades diferentes, no pueden modificar subsidios ni reducir salarios. Además, solo pueden emitir reglamentos dentro de límites estrechos, siempre y cuando no alteren lo dispuesto por la ley o la Constitución.
Ministros administran pero no transforman debido a rigidez presupuestaria
El resultado es un sistema donde los ministros dirigen, pero con el tablero completamente atornillado. Espinosa Goded concluye: «Ser ministro en Ecuador es hoy más un rol ceremonial que uno ejecutivo», si no se acompañan de reformas estructurales profundas y acuerdos legislativos amplios.
Esta situación genera una paradoja institucional. Por un lado, existe responsabilidad política sobre resultados. Por otro lado, no hay instrumentos reales para modificar procesos, innovar en servicios públicos o reasignar recursos hacia prioridades estratégicas emergentes.
Economistas proponen calidad del gasto sobre cantidad de recursos
Pablo Lucio Paredes, director de la Escuela de Economía de la USFQ, plantea que se necesita una reforma integral del Estado. Según su visión, el gasto no debe juzgarse por el monto total, sino por la calidad efectiva de los servicios que produce.
Como analizó previamente LA HORA, la economía ecuatoriana será constantemente inestable para inversionistas internacionales si no existe diálogo sobre el Estado que realmente pueden financiar empresas y personas. Esto implica revisar normas, procedimientos y exigencias legales que no aportan valor y que, más bien, entorpecen la gestión y traban la iniciativa privada.
Andrés Rodríguez, economista, explicó: «Normalmente se analiza el presupuesto en comparación a cuánto se gastó el año anterior; pero eso no es lo más importante. La calidad debe ser la clave porque aumentar el gasto cada año no significa mejores servicios si antes no se depuran procesos, se elimina burocracia improductiva y se establecen incentivos adecuados».
Gasto corriente obligatorio reduce inversión pública desde 2015
La Constitución y las leyes establecen obligaciones rígidas que, en su gran mayoría, corresponden a gasto corriente. Por consiguiente, desde 2015, el mayor factor de ajuste ha sido el gasto de inversión de todos los gobiernos, desde Rafael Correa hasta Daniel Noboa.
Actualmente, incluso socialmente, se premia más al que gasta más recursos, pero no se evalúa si ese gasto es mejor o más efectivo para solucionar los problemas reales de la ciudadanía. Esta lógica presupuestaria incentiva la ejecución acelerada sin evaluación de impacto.
Ministros pueden mejorar calidad aunque no controlen destino del presupuesto ministerial preasignado en Ecuador
En este escenario, lo que sí pueden hacer los ministros es poner la lupa sobre la calidad del gasto, ya que no pueden definir a qué se destina la mayor parte de los recursos. Según Rodríguez, sería ideal «aplicar el llamado presupuesto base cero; pero si no se puede, debido a que no existe apoyo político ni legal, la opción que queda es asegurarse que el dinero vaya a los mejores proveedores posibles».
La lógica debería cambiar: premiar al que gasta mejor, en función de mejoras en la atención y en los resultados medibles. Lo que sucede ahora es que, sobre todo en los últimos meses del año, se acelera la ejecución presupuestaria solo para poder tener igual o mayor asignación de recursos el próximo año, sin consideración de eficiencia o impacto real.
En definitiva, el presupuesto ministerial preasignado en Ecuador refleja una arquitectura fiscal que limita la gestión transformadora. Sin reformas legales estructurales, los ministros seguirán siendo administradores de normas, no arquitectos de políticas públicas efectivas.
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