La Ley de Integridad Pública continúa generando repercusiones legislativas después de que la Corte Constitucional la declarara inconstitucional. Aunque la propuesta había sido enviada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa, una vulneración a la unidad de materia impidió su vigencia. Sin embargo, el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) decidió preservar su contenido mediante la incorporación gradual de varios artículos en diferentes cuerpos normativos. Así, la Ley de Integridad Pública se transforma ahora en un conjunto de reformas dispersas que avanzan en distintas comisiones de la Asamblea.
Segmentación de la Ley de Integridad Pública tras el fallo constitucional
Después del pronunciamiento de la Corte, el oficialismo quedó imposibilitado de modificar la Constitución y perdió dos leyes declaradas inconstitucionales. Por ello, optó por rescatar fragmentos de la Ley de Integridad Pública e insertarlos en otras reformas, algunas ya aprobadas. Este proceso inició en octubre, pocos días después del fallo que confirmó la falta de unidad de materia.
Según ADN, esta práctica continuará hasta lograr que casi todos los contenidos de la ley formen parte de leyes vigentes. La bancada sostiene que los jueces constitucionales se pronunciaron sobre el procedimiento legislativo, no sobre el fondo de los artículos.
Reformas en contratación pública con contenidos de la Ley de Integridad Pública
La propuesta original llegó como Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Económico añadió materias penales, laborales y migratorias que excedían su alcance. Para evitar la pérdida total de estas disposiciones, la Comisión de Régimen Económico incorporó varios artículos de la Ley de Integridad Pública en la reforma a la Ley de Contratación Pública, aprobada el 7 de octubre.
Entre los artículos reincorporados figuran la reducción de modalidades, la modernización tecnológica del portal, la implementación de inteligencia artificial y las contrataciones de emergencia con datos abiertos.
Movilidad humana y antecedentes penales: retorno del articulado migratorio
Otro bloque recuperado de la Ley de Integridad Pública corresponde a temas migratorios. ADN retomó el debate sobre reformas a la Ley de Movilidad Humana que incluyen exigir antecedentes penales para visas en ciertos países y procedimientos simplificados de deportación. El Ejecutivo había cuestionado el principio de “ciudadanía universal”, considerándolo restrictivo para su política migratoria.
Evaluaciones laborales en el sector público: otro eje rescatado
El Pleno tiene pendiente votar reformas laborales que integran artículos de evaluación, estabilidad y supresión de puestos incluidos originalmente en la Ley de Integridad Pública. Dichas disposiciones regulan pruebas de confianza, evaluaciones periódicas y criterios de estabilidad condicionada a resultados.
Ciberseguridad y tránsito: nuevos espacios para artículos de la Ley de Integridad Pública
La Comisión de Seguridad también incluyó disposiciones ajenas a la ciberseguridad, como plazos para verificar radares y obligatoriedad del cobro electrónico de peajes en casos de conmoción interna. Ambas medidas pertenecían al texto de la Ley de Integridad Pública.
Sanciones para menores infractores vuelven al debate legislativo
Finalmente, la Comisión de Justicia analiza incorporar reformas al COIP que aumentan sanciones a adolescentes infractores. Estos artículos no entraron en vigencia por la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, pero ADN insiste en su pertinencia.
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