El Ministerio del Interior del Ecuador informó este viernes 28 de noviembre de 2025 sobre la clausura de dos empresas de seguridad privada debido a incumplimientos graves. Estos incumplimientos afectaban directamente a sus guardias. Esta acción se realizó en el marco de la supervisión normativa que ejerce el Ministerio como autoridad rectora de la seguridad privada en el país.
Operativo interinstitucional para garantizar el cumplimiento
La inspección se llevó a cabo mediante un operativo interinstitucional, que incluyó la participación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, SERCOP, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Durante este operativo, se identificaron irregularidades críticas en las empresas privadas de seguridad que comprometían la cobertura obligatoria de los guardias y la legalidad de los procesos de contratación pública.
Incumplimientos detectados en las empresas de seguridad privada
En la primera empresa, se determinó que solo 43 de sus 270 guardias estaban asegurados bajo la póliza de accidentes personales. Esto fue a pesar de contar con un contrato con el Municipio de Quito cercano a USD 5 millones. Este hallazgo evidenció un incumplimiento contractual significativo que ponía en riesgo la seguridad y los derechos de los trabajadores.
En la segunda empresa de seguridad privada, se comprobó que 118 guardias carecían de la póliza obligatoria. Adicionalmente, SERCOP reportó reducciones irregulares de precios en procesos de contratación pública, mientras que el Ministerio del Trabajo registraba procedimientos administrativos por infracciones laborales.
Clausura inmediata y protección de los derechos laborales
Ante la gravedad de estas irregularidades, el Ministerio del Interior procedió a la clausura inmediata de ambas empresas de seguridad privada. Este procedimiento se realizó en coordinación con las entidades participantes, mostrando así el compromiso claro con la regulación de las empresas de seguridad privada para proteger la integridad de los guardias. Esta medida busca garantizar la integridad de los guardias, proteger sus derechos laborales y asegurar que los servicios de seguridad privada se presten bajo condiciones mínimas de legalidad y responsabilidad.
La acción enfatiza la importancia de cumplir con la normativa vigente. También reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano de supervisar, regular y sancionar cualquier incumplimiento que afecte la seguridad y bienestar de los trabajadores del sector.
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Fuente:
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