En los últimos 20 años, Ecuador ha dirigido entre $315.000 millones y $350.000 millones exclusivamente al gasto corriente del Estado. Esta política fiscal, centrada en el sostenimiento de una burocracia sobredimensionada, ha relegado la inversión pública estratégica, afectando el crecimiento económico y la generación de empleo, según advierten economistas como Andrés Isch, exministro de Trabajo y director de Lab 593.
Isch señala que el excesivo protagonismo del Estado en la economía ha desplazado al sector privado, el verdadero generador de empleo. A su juicio, con apenas un ahorro del 20% de ese gasto –unos $70.000 millones– el país pudo haber transformado su infraestructura social y energética: duplicar hospitales, renovar la totalidad de escuelas públicas, ampliar la capacidad hidroeléctrica e incorporar hasta 5.000 MW de generación solar. “Y aún nos hubieran sobrado $30.000 millones”, recalcó.
Continuismo fiscal: tres gobiernos con el mismo modelo
El análisis también revela que, pese a las diferencias políticas, las administraciones de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han mantenido el modelo de alto gasto público heredado del correísmo. Sebastián Hurtado, presidente de la firma de análisis Prófitas, indica que los tres gobiernos han sido etiquetados de “neoliberales”, pero en la práctica han conservado un presupuesto sobredimensionado, sin ahorro ni inversión suficiente.
El presupuesto prorrogado para 2025, por ejemplo, replica la estructura pesada del pasado, con incrementos automáticos en salud, educación y seguridad social. Esta rigidez impide una asignación eficiente de los recursos y limita el margen para implementar nuevas políticas de desarrollo o estimular el crecimiento económico.
El gobierno de Noboa intenta liberar espacio fiscal, pero la reforma estructural aún no llega
El presidente Daniel Noboa, en su discurso de posesión del 24 de mayo de 2025, enfatizó su intención de promover obra pública para dinamizar la economía. Sin embargo, economistas y académicos coinciden en que esa meta es inalcanzable sin una reforma profunda del aparato estatal.
El 2 de junio, la vocera presidencial Carolina Jaramillo anunció la eliminación de algunos subsidios y el establecimiento de nuevas tasas al sector minero. Estas medidas generarían alrededor de $520 millones adicionales para el Estado. Si bien representan un paso inicial, Andrés Rodríguez, economista, advierte que gran parte de esos recursos serán absorbidos por emergencias como la crisis eléctrica o ineficiencias administrativas, sin resolver la raíz del problema.
Propuestas concretas para transformar el Estado y recuperar la inversión
Desde la academia ya se han planteado soluciones. Un estudio de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) identificó ocho medidas clave que permitirían ahorrar más de $2.800 millones anuales. Entre ellas se incluyen:
- Reducción del 30% del personal público, excluyendo áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
- Focalización eficiente de los subsidios a los combustibles, con un potencial de ahorro de hasta $1.500 millones.
- Eliminación de empresas públicas con pérdidas crónicas.
- Fusión de entidades gubernamentales con funciones duplicadas.
- Condicionamiento del financiamiento a gobiernos locales a la mejora de su gestión del gasto.
Rodrigo López, economista de la USFQ, propone que el Estado redefina su rol, externalizando ciertos servicios a través del sector privado para mejorar eficiencia y resultados. No se trata de una retirada del Estado, sino de nivelar su influencia para que cumpla funciones estratégicas sin ahogar la inversión privada.
El desafío de crecer con sostenibilidad y generar empleo
Una reforma del Estado es, entonces, la única vía para liberar recursos hacia la inversión productiva y generar empleos sostenibles. De no hacerlo, el crecimiento proyectado para Ecuador será insuficiente para transformar la realidad económica del país.
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y bancos de inversión como Goldman Sachs estiman un crecimiento de apenas 1,7% para 2025 y 2% para 2026. Andrés Rodríguez advierte que estas tasas son demasiado bajas para reducir la pobreza o cerrar la brecha laboral. A ese ritmo, solo se podrían generar unos 120.000 empleos formales al año, cuando el mercado laboral necesita absorber al menos 150.000 nuevos jóvenes anualmente.
En conclusión, el excesivo gasto corriente ha frenado el progreso económico del Ecuador. Una reforma estructural del Estado no es una opción ideológica, sino una necesidad urgente para reactivar la inversión, dinamizar el sector privado y garantizar un futuro con más oportunidades para todos.
Fuente: La Hora
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