Las Alianzas Público-Privadas en Ecuador siguen sin avanzar, pese a las expectativas creadas tras la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica en diciembre de 2023. Aunque este marco buscaba atraer inversión para infraestructura, energía, agua, riego y logística, casi dos años después el país no logra concretar proyectos significativos. Más allá del puerto de Posorja, ninguna iniciativa avanza por las restricciones constitucionales, la rigidez estatal y la desconfianza estructural hacia el sector privado.
Constitución rígida y trabas estructurales
Según el especialista Francisco Paredes, las Alianzas Público-Privadas en Ecuador chocan contra obstáculos instalados en la propia Constitución. El artículo 315 impide que empresas públicas actúen con flexibilidad para coinvertir con privados. El artículo 318 bloquea la inversión en agua por el control absoluto del Estado. Otras disposiciones, como los artículos 314 y 317, consolidan un modelo estatista que restringe la participación privada incluso cuando los proyectos no requieren recursos públicos.
Estas normas convierten al Estado en el único actor legítimo, lo que desalienta la inversión, reduce la competitividad y frena iniciativas urgentes.
Inestabilidad regulatoria y un entorno poco confiable
Otro factor que deteriora las Alianzas Público-Privadas en Ecuador es la inestabilidad normativa. Durante dos décadas, las reglas han cambiado con frecuencia. Para los inversionistas, este ambiente volátil impide evaluar riesgos con precisión. Además, Ecuador mantiene un historial complejo de arbitrajes internacionales y conflictos por concesiones incumplidas, lo que profundiza la percepción de riesgo.
Factores económicos que espantan la inversión
El entorno económico tampoco favorece las Alianzas Público-Privadas en Ecuador. El país mantiene cargas tributarias pesadas, costos laborales altos y poca bancabilidad en proyectos de largo plazo. Muchos inversionistas rechazan participar porque no encuentran garantías claras ni estabilidad suficiente.
A esto se suma un Estado sin recursos para realizar los estudios iniciales de preinversión, requisito indispensable para avanzar con cualquier proyecto.
Tarifas políticas y decisiones que destruyen la sostenibilidad
El funcionamiento de las Alianzas Público-Privadas en Ecuador también se ve afectado por decisiones tarifarias influenciadas por el populismo. En carreteras, por ejemplo, las tasas se fijan políticamente y no responden a criterios técnicos. Esto impide recuperar inversiones, genera deudas millonarias y desincentiva la participación privada. Un caso ilustrativo es la deuda estatal con Panavial por ajustes tarifarios no cumplidos.
El sector hídrico: el mayor cuello de botella
El sector del agua muestra la crisis más grave. En dos décadas, Ecuador no ha desarrollado proyectos relevantes por reglas que imponen concesiones de solo diez años, un plazo incompatible con estudios, construcción y recuperación de inversión. Esto explica el colapso de plantas, la contaminación de ríos y la obsolescencia de los sistemas.
Cultura estatista: un obstáculo persistente
Más allá de las leyes, existe una mentalidad estatista que condiciona las Alianzas Público-Privadas en Ecuador. El Estado mantiene el control absoluto, paraliza trámites mediante comités y limita la iniciativa privada. Esta cultura retarda decisiones y anula la posibilidad de compartir riesgos o eficiencia técnica.
Acciones urgentes para destrabar el modelo
Paredes sugiere reformas concretas: permitir estudios privados, impulsar incentivos tributarios temporales y sancionar retrasos injustificados. Además, recalca que sin inversión no hay desarrollo sostenible, especialmente en sectores como seguridad vial, donde mejores infraestructuras podrían reducir riesgos si las tarifas fueran técnicas y no políticas.
Más noticias:
Error de María José Pinto ante Comisión Anticorrupción: aclaración y consecuencias políticas
Fuente:
