En Ecuador, las comparecencias de procesados en la Asamblea Nacional se han convertido en un fenómeno recurrente y polémico. Lejos de promover un control político eficaz, el Legislativo parece usar estas instancias para fines estratégicos y partidistas. Mientras actores sociales y organizaciones ciudadanas esperan meses para ser escuchados, sentenciados por corrupción, prófugos y figuras con antecedentes penales acceden sin trabas a las sesiones de la Comisión de Fiscalización.
Una tarima política para figuras judicializadas
Las comparecencias de procesados en la Asamblea no son un hecho aislado. En los últimos años, personajes como Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilman Terán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo han desfilado por el Palacio Legislativo. Todos ellos han estado vinculados a graves casos de corrupción o delitos judiciales, pero encontraron en la Asamblea una plataforma para lanzar acusaciones sin pruebas o redirigir la atención hacia sus rivales políticos.
Estas intervenciones, a menudo planificadas en función del equilibrio de poder legislativo, sirven como herramientas para reforzar narrativas partidistas. Tanto Acción Democrática Nacional (ADN) como Revolución Ciudadana (RC) han recurrido a estos mecanismos cuando han tenido la mayoría parlamentaria. Las comparecencias se transforman así en espectáculos mediáticos más que en actos de fiscalización rigurosa.
Selectividad y falta de rigurosidad institucional
El contraste es evidente: mientras los sentenciados logran comparecer con celeridad, otras voces con propuestas ciudadanas enfrentan trabas burocráticas. Este tratamiento desigual socava la legitimidad de la Asamblea como foro democrático. El caso de Daniel Salcedo, quien fue recibido sin cuestionamientos a pesar de acumular 36 años de condena, ejemplifica esta dinámica.
En su intervención del 17 de julio, Salcedo confesó delitos, lanzó acusaciones sin respaldo documental y reiteró promesas vagas de enviar pruebas. La Comisión, dominada por ADN, justificó su comparecencia bajo el argumento del control político, pero evitó preguntas o contrastes. Mientras tanto, miembros de RC calificaron el acto como un «show mediático».
Casos emblemáticos con fines políticos
Ronny Aleaga apareció de forma virtual desde la clandestinidad en mayo de 2024. A pesar de ser prófugo por el caso Metástasis, la Comisión liderada por RC facilitó su conexión. La fiscal Diana Salazar rechazó participar en lo que llamó un «espectáculo político» y abandonó la sesión. La permisividad institucional fue tal que apenas se emitió un leve llamado de atención.
Carlos Pareja Yannuzzelli, alias Capaya, también compareció desde prisión en 2022. Su testimonio salpicó a más de 30 personas, incluidas figuras del sector petrolero. Aunque cargado de señalamientos, su intervención se realizó sin mayor verificación previa. Wilman Terán, por su parte, utilizó la Asamblea para atacar a la fiscal Salazar y reforzar el discurso de RC, mientras enfrentaba un juicio político.
Efectos en la credibilidad democrática
La práctica recurrente de permitir comparecencias de procesados en la Asamblea sin filtros ni pruebas comprobables socava la percepción pública de independencia legislativa. Se proyecta la imagen de un órgano más interesado en el escándalo político que en la fiscalización real. Además, refuerza el uso del Legislativo como escenario para «lavar culpas» o desviar la atención de procesos judiciales en curso.
Fuente:
Más noticias:
Extradición de José Adolfo Macías Villamar: claves del proceso judicial
