Contexto de emergencia energética y adjudicación directa
En medio de una profunda crisis energética en Ecuador, el Gobierno declaró la emergencia del sistema eléctrico en junio de 2024. Esta decisión permitió realizar contrataciones directas sin procesos competitivos, con el objetivo de acelerar la incorporación de nueva generación termoeléctrica. En ese marco, las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management recibieron contratos por USD 239 millones para instalar plantas eléctricas en Quevedo, Salitral y Esmeraldas.
Empresas beneficiadas: dudas sobre experiencia y legalidad
Progen Industries, con sede en Florida, recibió contratos por USD 149,1 millones para generar 150 megavatios en Quevedo y Salitral. Por su parte, Austral, registrada en Uruguay apenas cuatro meses antes de la adjudicación, fue favorecida con un contrato de USD 89 millones para levantar la planta Esmeraldas III.
Ambas compañías están ahora en la mira de la Contraloría General del Estado, que ha identificado irregularidades en los contratos eléctricos en crisis.
Problemas técnicos, legales y contractuales
Según la Contraloría, en el caso de Austral, los motores suministrados fueron fabricados en 2016 y 2017, cuando el requisito era que fueran posteriores a 2020. Además, la central fue construida sin permisos ambientales ni de edificación. Los pagos superan el 80% del contrato sin verificaciones técnicas apropiadas.
Progen, en tanto, no ha concluido las plantas contratadas y ha enfrentado la terminación unilateral de ambos contratos por parte de Celec. En ninguno de los dos casos, los equipos han generado electricidad efectiva para el sistema nacional.
Contratos eléctricos en crisis: impacto en la población y la institucionalidad
El argumento central de estos contratos fue la necesidad urgente de evitar apagones, especialmente durante los picos de demanda. Sin embargo, los retrasos y fallas técnicas han evidenciado una grave falta de planificación. Las adjudicaciones, lejos de cumplir su propósito, han expuesto deficiencias en los mecanismos de control, verificación y ejecución de contratos públicos.
Las observaciones de la Contraloría destacan cómo estos contratos eléctricos en crisis no solo comprometen recursos públicos, sino que también afectan la confianza ciudadana y la credibilidad institucional.
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